La asociación critica que se ceben con servicios esenciales que generan aún más desigualdad social en el acceso a las prestaciones básicas.
FACUA-Consumidores en Acción considera vergonzoso que el Gobierno catalán se cebe con los servicios esenciales. Extender el sistema del repago al ámbito de la Justicia, al igual que en el caso del gasto farmacéutico, genera desigualdad en el acceso a las prestaciones sociales.
De esta forma, el Ejecutivo catalán ha anunciado la creación de una tasa, que deberán asumir los litigantes, para la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de Justicia.
A esta medida se suma el denominado Ticket moderador, a través del cual se pretende volver a cobrar a los ciudadanos por las recetas médicas que se receten en Cataluña. Los recortes presupuestarios en los servicios y prestaciones de los sistemas sanitarios públicos de algunas comunidades autónomas como Cataluña, unido a las fórmulas de copago, sólo contribuirán a provocar más desigualdades sociales, la privatización y mercantilización de los servicios sanitarios y la inequidad en el acceso a las prestaciones.
En este sentido, FACUA tacha de fraude democrático las medidas anunciadas por el Gobierno de Artur Mas, cuando durante la campaña electoral no se mencionó ninguna propuesta similar.
La asociación entiende necesario buscar fórmulas que permitan reforzar los mecanismos de financiación de los sistemas judiciales y sanitarios públicos, mediante criterios para la racionalización del gasto y la mejora de la eficiencia.
Sin embargo, FACUA no comparte de modo alguno el debate interesado que se ha abierto sobre la necesidad de reducir el gasto social en servicios públicos básicos y esenciales como la sanidad, justicia o la educación.
Asimismo, recuerda la dimensión universal de la salud y la justicia, así como su carácter gratuito. La financiación de los servicios esenciales debe basarse en la solidaridad y en la progresividad, para reducir las desigualdades sociales.
FACUA advierte que el derecho a la justicia así como a servicios sanitarios públicos de calidad deben ser de toda la ciudadanía y no sólo de aquellos con mayor poder adquisitivo.
Debido a esto, la asociación considera fundamental garantizar una participación social efectiva en el diseño y el desarrollo de las políticas públicas de salud. Para ello, los poderes públicos deben promover e impulsar dicha participación, actualmente inexistente.
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