Subida del IVA FACUA reclama a Gobierno y CCAA que investiguen a quienes anuncian que congelarán los precios

"Numerosos consumidores nos trasladan, y es un clamor en las redes, que hay grandes empresas que acaban de incrementar los precios de muchos productos", señala Rubén Sánchez.

FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno y las comunidades autónomas que investiguen la evolución de los precios de las empresas de distribución que están anunciando que no repercutirán la subida del IVA.

En rueda de prensa, el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha señalado que "la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Instituto Nacional del Consumo (INC) y los organismos competentes de las comunidades deberían estar controlando mediante muestreos cómo han variado los precios en agosto con respecto a julio".

"Numerosos consumidores nos están trasladando, y es un clamor en las redes sociales, que hay grandes empresas que acaban de incrementar los precios de muchos productos", señala Sánchez. "Habría que indagar en los motivos y verificar si todas esas subidas representan cantidades similares a las que dejarán de ingresar si congelan los precios de venta al público en septiembre".

"¿Debemos creernos que tantas grandes empresas van a dejar de ingresar los decenas o cientos de millones de euros cada año que representa la subida del IVA o en realidad hay quien está incurriendo en competencia desleal y cometiendo un gran fraude a los consumidores?", se ha preguntado el portavoz de FACUA.

Amenaza de ilegalización por movilizarse contra la subida

Sánchez ha recordado que las acciones de FACUA contra la subida del IVA -convocó un día sin compras el pasado 19 de julio- son uno de los motivos, junto a sus críticas a los recortes en la educación y la sanidad públicas, por los que el Gobierno ha amenazado con ilegalizar a la organización.

"Se trata de un chantaje que no tiene precedentes en nuestra democracia y un atentado contra la libertad de expresión, información y opinión", ha denunciado.

El IVA en los recibos y el error del ministro de Industria

El portavoz de FACUA también ha advertido que la asociación está recibiendo una avalancha de consultas de consumidores que están recibiendo facturas de luz, telefonía, gas y otros suministros en las que ya se refleja la subida del IVA.

Sánchez ha recordado que no se trata de ningún fraude, como creen muchos usuarios y como el propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dijo por error hace unos días, aumentando la confusión.

Soria dijo que el Gobierno va a "velar" por que en los recibos que las empresas emitan a partir del 1 septiembre por consumos realizados antes de esa fecha no se caiga en la "tentación" de aplicar el nuevo aumento del IVA, y previene de las"consecuencias" de hacerlo.

"Decimos abiertamente que quienes tengan la tentación de caer en un tipo de prácticas aprovechándose de una subida del IVA para repercutir ese aumento en consumos que se hayan hecho con anterioridad al 1 de septiembre, que es cuando entra en vigor, tendrán que asumir las consecuencias de esa conducta, que es absolutamente reprobable", afirmó el ministro.

El portavoz de la asociación ha señalado que "FACUA lamenta el desconocimiento del ministro sobre cómo regula la aplicación del impuesto la Ley del IVA de 1992 y lamenta más aún que no haya rectificado públicamente su error".

Y es que ningún gobierno ha querido modificar hasta la fecha el artículo 75 de la Ley el IVA, que señala que las facturas de suministros de tracto sucesivo como el agua, la luz, el gas, la televisión, la telefonía o el acceso a Internet se cobrarán aplicando el impuesto vigente en el momento en que se genere la obligación del pago de las mismas.

"Aunque los consumidores estén recibiendo facturas fechadas en agosto, si en ellas se indica que su abono se tendrá que efectuar a partir de septiembre no hay ilegalidad alguna en que aparezca el IVA al 21% en luz, gas, telefonía e Internet o al 10%% en el suministro de agua", ha indicado Sánchez.

Sólo habría un fraude si una compañía retrasase la fecha habitual de pago para cobrar el nuevo IVA. Fecha que los usuarios pueden verificar mirando recibos de periodos anteriores.

De hecho, una resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas fechada el pasado 2 de agosto recuerda esta circunstancia: "resultará plenamente ajustado a Derecho el gravamen a los nuevos tipos impositivos cuando se trate de contraprestaciones exigibles contractualmente con posterioridad al 31 de agosto de 2012, aun cuando se trate de servicios o suministros que se correspondan con periodos de consumo anteriores a esa fecha, pero cuya exigibilidad del precio sea posterior a la misma".

FACUA, contra la brutal subida de las tasas universitarias que promueven el Gobierno y varias comunidades

Se enmarca en una serie de recortes en la educación pública que pueden expulsar de la enseñanza universitaria a los hijos de las clases trabajadoras más humildes.

FACUA-Consumidores en Acción critica la brutal subida de las tasas universitarias que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, debate este miércoles con los consejeros de educación autonómicos en la Conferencia General de Política Universitaria.

En los últimos años, las tasas subían cada curso el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual de marzo y hasta cuatro puntos más, según la decisión cada comunidad, y la del Ministerio de Educación en el caso de la UNED.

Tras los recortes en las becas, el Gobierno ha decidido que las autonomías eleven hasta el 25%, frente al 15% actual, el coste de la plaza universitaria que asume el alumno. Así, los universitarios serán condenados a pagar hasta cerca de un 70% más en tasas, unos 700 euros en los peores casos, en función de lo que decida cada comunidad.

Suspender será cada vez más caro, ya que se producirá un encarecimiento progresivo de las tasas: para la segunda matriculación, el universitario pagará entre el 30% y el 40% del coste real. Entre un 65% y un 75% para la tercera matriculación y, para la cuarta y sucesivas se puede llegar a pagar hasta el 100% del coste del servicio.

Una educación para ricos y otra para pobres

FACUA denuncia que estas subidas se enmarcan en una serie de recortes en la educación pública que pueden expulsar de la enseñanza universitaria a los hijos de las clases trabajadoras más humildes, una grave involución que devolverá a España a la situación de décadas atrás con una educación para ricos y otra para pobres.

El ministro Wert, denuncia la asociación, apuesta por una universidad elitista que sólo exige esfuerzo a los pobres, ya que las clases más pudientes no tendrán problemas para asumir su encarecimiento por muchas asignaturas que suspendan, critica la asociación.

FACUA advierte que el índice de fracasos y abandonos en la enseñanza universitaria no se reduce impidiendo que las clases menos favorecidas económicamente accedan a ella, sino apostando decididamente por mejorar la calidad de la enseñanza primaria y secundaria. Algo que garantizaría una mejor preparación de los alumnos que acceden a la universidad.

Campaña son Silvia Marsó, Natalia Dicenta y Ramón Arangüena

FACUA está desarrollando la campaña Lucha contra los recortes en la educación pública, que incluye un vídeo protagonizado por los artistas Silvia Marsó (Los muertos no se tocan, nene) y Natalia Dicenta (Al final del arcoíris), y el periodista Ramón Arangüena (Cada mañana sale el sol, de ABC Punto Radio).

En el vídeo, cuyas tres versiones pueden verse en la web de FACUA y sus canales en Youtube y Vimeo, denuncian los injustos recortes que se están llevando a cabo en materia de educación: "Matrículas a precio de oro que limitan y recortan el acceso al conocimiento" (Dicenta), "becas que penalizan a los que no pueden sacar las mejores notas porque tienen que trabajar para pagarse los estudios"(Arangüena) y "universitarios que no ya no pueden acabar la carrera por falta de recursos" (Marsó) dicen las artistas y el periodista en el vídeo de la campaña, que está difundiéndose en las redes sociales de Facebook, Google +, Tuenti y en Twitter con el hashtag #enEducacionnoserecorta.

Son tres de las ya más de sesenta personalidades destacadas del mundo de la cultura que se han unido a la Lucha contra los abusos ( de FACUA, con la que llaman a la movilización de los consumidores contra distintas prácticas que atentan contra sus derechos.

 "Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción". Es el llamamiento que hacen cada uno de los actores al final de las respectivas versiones del vídeo.

Redes sociales

Dentro de esta campaña contra los recortes en la educación pública, FACUA hace un llamamiento a los consumidores para que difundan mensajes en las redes sociales. Así, propone tuitear este texto:

Me uno a @facua contra las brutales subidas de las tasas universitarias #enEducacionnoserecortahttp://youtu.be/SZNKeI7KHuI

También les está pidiendo que cuelguen en sus perfiles Facebook, Google +, Tuenti o en la red social en la que estén presentes el siguiente mensaje:

Me uno a FACUA contra las brutales subidas de las tasas universitarias. Silvia Marsó, Ramón Arangüena y Natalia Dicentaprotagonizan la campaña contra los recortes en la educación pública. http://youtu.be/SZNKeI7KHuI

FACUA denuncia que el Gobierno ha empeorado las condiciones para que las familias mejoren sus hipotecas

En lugar de favorecer la renegociación, aplazamiento o cancelación del crédito a los ciudadanos asfixiados por las deudas, aprueba un encarecimiento de los costes notariales y registrales para su tramitación.

FACUA-Consumidores en Acción rechaza la subida de los trámites necesarios para mejorar las condiciones de las hipotecas que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy para registradores y notarios aplicable desde el pasado 12 de mayo.

A través de una disposición adicional escondida en un real decreto ley, el Gobierno ha aumentado casi el triple los aranceles para la novación (mejora del tipo de interés o plazo de amortización), subrogación a otra entidad o la cancelación de los créditos hipotecarios.

FACUA recuerda que hasta ahora se bonificaba con reducciones el coste de los aranceles precisamente para facilitar que los ciudadanos pudieran llevarse su hipoteca a otra entidad o mejorar el tipo de interés y el plazo sin cambiar de banco.

Ahora, además de modificar estas reducciones, el Gobierno ha establecido unas tarifas mínimas de 24 euros para los registradores y 90 euros para notaría que penaliza a aquellos cálculos que pudieran dar un resultado inferior tras la bonificación, que en líneas generales también se reduce.

Además, FACUA denuncia que algunos de estos aranceles pasan a tomar como base el total del crédito concedido en lugar de usar la cantidad pendiente de amortizar, como recogía la anterior normativa.

Para la asociación, resulta escandaloso que sea precisamente ahora, cuando más familias se ven abocadas al desahucio por no poder afrontar el pago de las hipotecas, cuando el Gobierno ha decidido entorpecer unas fórmulas que permitían flexibilizar estas situaciones.

Por ello, FACUA exige la retirada de esta disposición adicional y reivindica la ejecución de otras medidas como la regulación del sobreendeudamiento familiar o una dación en pago real, en lugar de la propuesta por el Gobierno, tan sólo aplicable a familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

"Los consumidores españoles pagaremos muy caro el rescate", alerta el presidente de FACUA

"Sufriremos más recortes de derechos y subidas de impuestos indirectos mientras los banqueros seguirán teniendo carta blanca para cometer más abusos", señala Sánchez Legrán.

"Los consumidores españoles pagaremos muy caro el rescate con más recortes de derechos y subidas de impuestos indirectos mientras los banqueros seguirán teniendo carta blanca para cometer más abusos", advierte el presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Paco Sánchez Legrán.

"Ahora, más que nunca, España será gobernada desde el extranjero sin que los españoles sean consultados sobre las decisiones ni se les cuente la verdad al respecto", señala Sánchez Legrán. "Lo harán quienes manejan los hilos desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea".

La medida dista mucho de ser una buena noticia sino "el desastroso resultado de unas políticas gubernamentales que promovieron la gran estafa de la burbuja inmobiliaria y la larguísima cadena de fraudes llevados a cabo por el sector financiero", denuncia el presidente de FACUA.

"Para colmo", señala, "el dinero prestado irá a la deuda pública y sus intereses aumentarán en miles de millones el déficit anual, mientras que la banca no tendrá que asumir ni tan siquiera el compromiso de abrir el grifo del crédito, sino que más bien puede que a corto plazo puede que éste se cierre aún más".

Sánchez Legrán considera "vergonzante" que el Gobierno pretenda hacer creer a la opinión pública que no se ha producido un rescate sino una simple "línea de crédito", como la ha llamado Mariano Rajoy, cuando los hasta 100.000 millones de euros se prestan al Estado español, y no directamente a los bancos, a través de los fondos europeos de rescate.

"Será el Estado quien tenga que devolver el dinero con intereses, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sin garantía de que a su vez los bancos paguen lo que reciban. Bankia no lo ha hecho, el Estado se ha tragado su deuda convirtiéndola en acciones mediante su nacionalización, y para colmo prevé darle más mediante una enorme inyección de capital", recuerda el presidente de FACUA.

Demanda el cese inmediato del Gobernador del Banco de España FACUA pide a Rajoy que paralice los desahucios y destine el parque de viviendas de Bankia a venta y alquiler a precios justos

Tiene en sus manos convertir la entidad en una banca que actúe con ética frente a sus clientes o incurrir en una mera operación de saneamiento para devolverla después al mercado. El portavoz de FACUA reclama a Rato que, "si tiene decencia, renuncie a los 1,2 millones de euros" que puede llevarse.

El Gobierno tomará el control de BFA, el banco tóxico de Bankia. FACUA-Consumidores en Acción advierte que el Ejecutivo deMariano Rajoy tiene en sus manos convertir la entidad en una banca que actúe con ética frente a sus clientes o incurrir en una mera operación de saneamiento para devolverla después al mercado.

En rueda de prensa, el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha reclamado a Rajoy "transparencia con los ciudadanos" en relación a las actuaciones del Gobierno sobre Bankia y sus objetivos a medio plazo.

La organización también demanda que el parque de viviendas de Bankia, la primera inmobiliaria del país, "se destine a venta y alquiler a precios justos y paralice los desahucios que viene llevando a cabo la entidad".

Asimismo, ha demandado al presidente del Gobierno "el cese inmediato del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por el incumplimiento de sus obligaciones de controlar el sector bancario y mirar hacia otro lado ante los abusos sufridos por los usuarios".

En relación al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, el portavoz de FACUA ha señalado que "si tiene decencia, lo menos que debe hacer es renunciar a los 1,2 millones de euros que puede llevarse tras haber dejado su cargo".

Sánchez ha denunciado que "la situación de Bankia y la crisis del sector financiero es consecuencia de las políticas iniciadas en la era Aznar, en la que Rato jugó un papel clave, y las prácticas de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero".

"En lugar de poner freno a la especulación inmobiliaria", ha denunciado el portavoz de FACUA, "Zapatero se aprovechó de ella para dar una imagen de fortaleza de España por la que ahora estamos pagando las consecuencias, además de haber puesto a disposición de la banca, de forma irresponsable, dinero público por valor de decenas de miles de millones de euros".

TARIFA INFINITA FACUA advierte a Yoigo que las condiciones de permanencia de su nueva tarifa plana de llamadas son abusivas

Aplicar una penalización de hasta 100 euros resultará injusto y desproporcionado para numerosos clientes, por lo que ha instado al operador a que modifique el contrato.

FACUA-Consumidores en Acción ya reclamado al operador de telecomunicaciones Yoigo que modifique las condiciones de permanencia de su nueva tarifa plana de llamadas al considerar que resultan abusivas, vulnerando la legislación.

FACUA ha planteado a Yoigo que aplicar una penalización de hasta 100 euros por darse de baja antes de finalizar el periodo mínimo de 18 meses es injusto y desproporcionado para numerosos clientes.

La Tarifa infinita de Yoigo ofrece un número ilimitado de llamadas mensuales a un máximo de 300 números por 30 euros más IVA (35,40) mensuales más 1 Gb de conexión a Internet de alta velocidad.

Contraria a la legislación

FACUA considera que las limitaciones de uso que plantea la compañía pueden resultar razonables (está a la espera de conocer cómo las aplica), pero la penalización por baja anticipada es contraria al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Y es que la asociación entiende que la cláusula es abusiva al causar una situación de desequilibrio entre Yoigo y numerosos clientes que fueran multados por cancelar el servicio al entender que les está resultando demasiado caro para el uso que realizan del mismo.

Asimismo, la citada Ley permite la introdución de condiciones de permanencia a cambio de determinados beneficios para los usuarios, pero siempre que la duración de los contratos no resulte excesiva. Y FACUA considera que 18 meses lo es.

Por ello, FACUA ha planteado a Yoigo que, de mantener la penalización, debería reducir el número de meses y aplicarla sólo a los clientes que hayan superado determinados niveles de consumo. Así, la cuantía de la multa sería además variable en función del perfil de cada uno de esos usuarios.

NOTA: Por precución, utiliza el móvil lo imprescindible. Cuida tu salud.

24 de Junio de 2012, Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética‏

Resumen para la prensa del 
Comunicado del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética
24 de Junio de 2012
Las asociaciones de personas afectadas por los campos electromagnéticos, asociaciones de personas electrohipersensibles (EHS), AA.VVs, organizaciones ecologistas y otros colectivos ciudadanos integrantes de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), en este Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, con especial urgencia, al cabo de un año de la clasificación por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS de los CEM como posible cancerígeno, así como de la Resolución 1815 del Consejo de Europa, en la que se urge a tomar medidas para informar a la población y proteger, sobre todo, a los menores, nos vemos obligados a:
1. Denunciar la falta de responsabilidad de los distintos ministerios (Educación, Sanidad, Industria, etc.) y entidades autonómicas y de otra índole que siguen negando los riesgos para la salud y atendiendo únicamente a los intereses industriales de las operadoras y las eléctricas. 
2. Recordar a las autoridades la grave situación de las personas afectadas en sus viviendas y centros de trabajo y enseñanza por antenas, líneas de alta tensión, transformadores, etc., e insistir en su obligación de cumplir la Ley 33/2011 General de Salud Pública: derecho de la población a ser informada sobre factores de riesgo ambiental tales como la CEM, protección de la salud pública y aplicación del Principio de Precaución. 
3. Denunciar la colaboración que las autoridades públicas siguen prestando al despliegue masivo de nuevas fuentes de CEM, llegando incluso a financiar nuevas redes con dinero público. 
En consecuencia, destacamos la urgencia y prioridad de:
I.-En el marco del cuarto año de nuestra campaña de defensa de la salud de nuestros hijos e hijas, lograr  un acceso seguro a Internet mediante cableado en los centros escolares y el desmantelamiento de las redes WiFi ya instaladas.  
II. Paralizar el despliegue masivo de redes WiFi en espacios públicos, y el empleo de fondos públicos para financiarlo, tanto en recintos cerrados (bibliotecas, teatros, escuelas de música, centros cívicos, transporte público, centros de salud, hospitales, etc.) como en espacios abiertos (parques, plazas, calles, playas, etc.). Reivindicar, por el contrario la declaración de estos espacios como Zonas Blancas donde no se permita la instalación de fuentes de CEM.
III. Poner fin a la imposición, también financiada con fondos públicos, de sistemas SMART /“inteligentes” en nuestras ciudades y hogares (contadores “inteligentes” de agua, gas y electricidad, pavimentos inteligentes, etc.).
IV. Atender a la grave situación del creciente colectivo de personas electrohipersensibles (EHS) que están sufriendo la vulneración de sus derechos humanos, políticos, laborales y sanitarios. La defensa de los derechos de las personas EHS, discapacitadas funcionalmente por la proliferación de fuentes CEM, es también la defensa de la salud de toda la población, especialmente la de los niños y niñas.
Desde Madrid, y el resto de las autonomías del Estado, 24 de Junio de 2012
Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM)
Véase abajo el comunicado completo, las referencias bibliográficas y las webs y teléfonos de contacto.

24 de Junio de 2012
Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética
COMUNICADO de Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM)

Al amparo, al cabo de un año ,de la clasificación por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS de los CEM como posible cancerígeno, así como de la Resolución 1815 del Consejo de Europa, a la que anteceden las Resoluciones Parlamento Europeo 2008, y  Parlamento Europeo 2009 , y los Pronunciamientos de la  Agencia Europea de Medio Ambiente, 2007 (a)  , 2007 (b),   y 2009 , en los que se urge a tomar medidas para informar a la población y proteger, sobre todo, a los menores, las asociaciones de personas afectadas por los campos electromagnéticos, asociaciones de personas electrohipersensibles (EHS), AA.VVs, organizaciones ecologistas y demás colectivos ciudadanos integrantes de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), en este Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, pronuncian que:
Siguen  informando  a la población de los riesgos de los Campos Electromagnéticos (CEM) artificiales  generados por estaciones base de antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, transformadores, WiFi, WiMax, sistemas SMART, etc., reivindicando un marco normativo que tenga la salud como eje central y  proponiendo  alternativas a las tecnologías  inalámbricas en viviendas, centros de enseñanza, puestos de trabajo, bibliotecas, teatros, escuelas de música, centros cívicos, transporte público, centros de salud, hospitales, parques, plazas, calles, playas, etc.  Asimismo, se ven obligados a  denunciar:
1º  La falta de responsabilidad de los distintos ministerios (Educación, Sanidad, Industria, etc.) y entidades autonómicas y de otra índole (Asociación Española contra el Cáncer [(1) y (2) ]  ,por ejemplo)  que siguen negando los riesgos y atendiendo únicamente a los intereses industriales de las operadoras y las eléctricas. 
2º  Que presuntamente nuestras autoridades sanitarias y administraciones públicas competentes en materia de protección de la Salud Pública pudieran estar cometiendo delitos contra la salud pública por estar incumpliendo diversos artículos de la Ley 33/2011 General de Salud Pública (derecho de la población a ser informada sobre factores de riesgo ambiental tales como las radiaciones EM especificadas en esta ley, incumplimiento de las obligaciones contraídas por las administraciones competentes de proteger la salud pública, así como el sistemático desprecio del Principio de Precaución también recogido en la Ley)". 
Por consiguiente, en vista de la  colaboración que las autoridades públicas siguen prestando al despliegue masivo de nuevas fuentes de CEM, llegando incluso a financiarlo con dinero público, destacan las siguientes prioridades en defensa de la salud:  
a) Por la salud de todos los niños y niñas, proseguir este cuarto año la campaña para lograr un acceso seguro a Internet mediante cableado en los centros escolares y el desmantelamiento de las redes WiFi ya instaladas. Cabe señalar que  en Suiza el propio Gobierno  da a conocer el peligro del wifi en su página web  de Salud Pública e insta a retirarlo  de las Escuelas ofreciendo fibra óptica   financiada  por el propio Gobierno.
b) La campaña contra el despliegue masivo de redes WiFi en espacios públicos, y contra el empleo de fondos públicos para financiarlo, tanto en recintos cerrados (bibliotecas, teatros, escuelas de música, centros cívicos, transporte público, centros de salud, hospitales, etc.) como en espacios abiertos (parques, plazas, calles, playas, etc.). 
c) La campaña contra la imposición de sistemas SMART / “inteligentes” (contadores “inteligentes” de agua, gas y electricidad, pavimentos inteligentes, etc.). Esta imposición de sistemas de radiación generalizada es contraria a todas las recomendaciones de  los científicos y expertos independientes que, sobre una base científica, alertan de la contaminación ambiental que suponen las radiaciones no ionizantes artificiales en toda su gama espectral. 
d) La campaña sobre la Electrohipersensibilidad (EHS), ya que toda la población a nivel mundial   está en riesgo de desarrollar esta Discapacidad  Funcional debido a la gran explosión y expansión del despliegue  masivo y caótico de sistemas inalámbricos productores de campos electromagnéticos derivados de las radiofrecuencias utilizando el rango de las microondas   pulsadas por las muy bajas frecuencias. Los científicos e instituciones internacionales (Resolución 1815 del Consejo de Europa, Seletun Appel, ver punto 10) nos alertan de la urgencia de adoptar medidas preventivas y de reconocer la EHS como Discapacidad Funcional  [(1),  (2) , (3) (4) ] como está reconocida en Suecia, a fin de poner fin a la discriminación social, laboral y sanitaria que destroza la vida este creciente colectivo de afectados por los CEM. En Suecia, las personas con electrohipersensibilidad han pasado de ser el 0,63% de la población, en el año 1995, al 9%, en el año 2004. . En Austria, el porcentaje ha subido del 1,5% en 1995 al 13,3% en 2003. En Alemania ya hay más de 7 millones de personas EHS y, los científicos independientes  calculan que en el año 2017 la mitad de la población mundial podría experimentar en algún grado la EHS si no adoptamos medidas para impedirlo.
 Las personas EHS, en sus reivindicaciones,  están defendiendo la salud y el futuro de toda la población, porque la mayoría de las personas que manifestarán la  EHS serán los niños-as de hoy.
Desde Madrid, y el resto de las autonomías del Estado, 24 de Junio de 2012

Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM).
Para más información, véase la siguiente lista de contactos en las diferentes autonomías:
Aragón: Juan Manuel Puértolas 976 524 131 
Asturias: Rubén García 985 811 070
Cataluña: Montse  Ferrer 937 573 089 
Euskadi: Irune Ruiz 944 263 769
Ferrol: Fini Manso 981 35 69 76
Madrid:  Minerva Palomar 915 656 538 
Murcia: Pedro Belmonte 968 21 79 57 
Navarra: Carmelo Santolaya 948 260 696
Pontevedra: Julio Carmona 986 84 76 70  
Valladolid: Asunción  Laso 983 371 389
Páginas web relacionadas:
http://www.nodo50.org/porlasbuenasondas/; http://asanacem.blogspot.com.es/, http://www.asides.es/,http://www.avaate.org, http://www.apdr.info/telef_mov.htm, http://www.covace.org/, http://antenas-peligro-movil.espacioblog.com/, http://www.oikosambiental.org/, 

FACUA alerta que siguen proliferando anuncios de venta de órganos a través de Internet

Ha denunciado 35 casos ante la Fiscalía, la Guardia Civil y el Ministerio de Sanidad.

FACUA-Consumidores en Acción alerta que las ofertas de particulares intentando vender sus órganos para trasplantes siguen proliferando a través de Internet. Y ello pese a que desde hace dos años, si una web es apercibida por albergar esta publicidad y no la retira, podría incurrir en un delito penado con entre tres y doce años de cárcel.

La asociación ha denunciado treinta y cinco casos que ha detectado este mes de junio ante la Fiscalía General del Estado, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Detectados en ocho webs

Se trata de anuncios realizados a través de ocho páginas web por ciudadanos residentes en España que indican estar atravesando graves problemas económicos. Fundamentalmente ofertan riñones, aunque también médula e hígado, y piden cantidades que oscilan entre 6.000 y 200.000 euros.

FACUA ha remitido a los distintos organismos el listado con los treinta y cinco anuncios detectados en ocho webs, casi todas dedicadas a la compraventa de productos entre particulares y foros de Internet.

Las ofertas han sido localizadas en las páginas anuncioses.com, anunico.es, blidoo.es, campusanuncios.com,china.anunciosdiarios.com, foros.hispavista.com, es.answers.yahoo.com y nosolosalud.com. FACUA se ha dirigido a los responsables de estas webs para requerirles la retirada de los anuncios y que implementen protocolos para evitar que sigan insertándose.

La asociación advierte que este tipo de ofertas puede resultar un fenómeno creciente en una época de crisis económica, fruto de la desesperación de ciudadanos que han perdido su empleo o su negocio y están asediados por las deudas o corren el riesgo de sufrir el embargo de la vivienda.

Dramas sociales

FACUA muestra su preocupación por que estas personas puedan acabar cayendo víctimas de redes internacionales dedicadas al tráfico de órganos que realizan estas operaciones en el extranjero. Mafias que, además de cometer estas actividades de forma clandestina, pueden poner en riesgo sus vidas.

Por otro lado, FACUA señala que está el drama social de las familias que necesitan de forma urgente el trasplante de órganos vitales. Ello debe llevar a la concienciación de todos los consumidores para que se sumen, y animen a otros a sumarse, a las listas de donantes de órganos, tejidos y células. Algo que permitirá reducir las listas de espera para recibirlos.

Tipificada como delito en el Código Penal

Asimismo, FACUA recuerda que tanto la publicidad como la compraventa de órganos no son sólo prácticas prohibidas por la legislación sobre sanidad y publicidad, sino también delitos tipificados en el Código Penal desde hace dos años. FACUA ya denunció este tipo de prácticas en marzo de 2010 y abril de 2009.

El Real Decreto 2070/1999 establece en su artículo 8.3 que "se prohíbe hacer cualquier publicidad sobre la necesidad de un órgano, tejido o sobre su disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración" a cambio. Asimismo, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, define en su artículo 3.a como ilícita "la publicidad que atente contra la dignidad de la persona".

El citado Real Decreto señala en el punto 2 de su artículo 8 que "no se podrá percibir gratificación alguna por la donación de órganos humanos por el donante, ni por cualquier otra persona física o jurídica". En el punto 3 advierte que "no se exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado".

Por su parte, el artículo 156 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, advierte que "los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal".

"Si el receptor del órgano", continúa el artículo, "consintiera la realización del trasplante conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrán ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable".

Las operadoras móviles ya pagaron por la subasta FACUA rechaza que el Gobierno cargue sobre los usuarios la nueva resintonización de la TDT

La asociación recuerda que la reordenación de frecuencias para dejar espacio a la red móvil 4G podría haberse evitado de haber elegido en un principio una banda adecuada.

FACUA-Consumidores en Acción rechaza que los ciudadanos tengan que afrontar el coste de la nueva resintonización de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que tendrá lugar en otoño para dejar espacio a la red móvil 4G con menores ayudas de las previstas.

Aunque el Gobierno anterior se había comprometido a asumir este cargo a través de los fondos recogidos de las operadoras en la subasta de asignación de frecuencias, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha incluido la totalidad de estas cuantías en los Presupuestos Generales del Estado.

FACUA advierte de que ahora serán los usuarios los que tengan que afrontar mayores gastos para adaptar sus instalaciones, una medida que podría haberse evitado desde un primer momento de haber elegido la banda adecuada para la TDT.

La asociación denuncia que la falta de información durante el primer apagón analógico provocó que en muchos casos los instaladores y empresas autorizadas no previeran esta reordenación, por lo que los propietarios y comunidades de vecinos afectados tendrán ahora que afrontar más gastos adicionales.

Ayudas tramitadas por el instalador

FACUA critica además que el proyecto de real decreto que regula estas subvenciones prevé que sea el propio instalador o empresa instaladora la que tramite las ayudas, lo que provocará que, en la práctica, estas ayudas condicionen el precio de la instalación.

En caso de que finalmente se adopte este modelo, FACUA exige que se especifique cuál será la responsabilidad de la empresa o el instalador en caso de retraso en la presentación de la solicitud de subvenciones o de deficiencias en su cumplimentación.

Con el fin de evitarlo, la asociación pide que se busquen fórmulas que eviten estos posibles aumentos de precios o tarifas.

Para FACUA, el procedimiento planteado en el proyecto de real decreto podría dar lugar a que se altere la competencia del mercado en perjuicio de los consumidores, como ya ha ocurrido de forma similar con las ayudas a la renovación de electrodomésticos.

Asimismo, FACUA lamenta que el proyecto de real decreto no detalle cómo se aplicarán estos descuentos, si a través de una cantidad fija estipulada o de un porcentaje sobre el presupuesto final.

Subastas trucadas FACUA pide acabar con la trampa legal de la banca para quedarse con los pisos de los desahuciados a menor precio

Se apropian de viviendas por sólo el 50% del valor de tasación utilizando a una filial que puje por debajo en la subasta.

FACUA-Consumidores en Acción pide al Gobierno que acabe con la trampa legal que está utilizando la banca para quedarse con viviendas de familias desahuciadas a menor precio.

Cuando les interesa, determinadas entidades se apropian de inmuebles por sólo el 50% del valor de tasación utilizando a una filial que puje por debajo en la subasta.

El Ejecutivo socialista aprobó hace un año el Real Decreto-ley 8/2001, de 1 de julio, que elevó hasta el 60% del valor de tasación reconocido en la escritura el precio mínimo por el que los bancos, ante el impago de la hipoteca, pueden adjudicarse las viviendas que salen a subasta pública si ésta queda desierta.

FACUA considera que el porcentaje no deja de ser ridículo para beneficio de la banca, aunque antes era todavía más bajo, el 50%.

La cuestión es que si en lugar de quedar desierta alguien puja en la subasta, el banco se queda con la vivienda con sólo mejorar la oferta alcanzando el 50% del valor de tasación.

Así que si a la entidad le interesa quedarse con el piso, hace que lance una oferta una filial, como otro banco, una inmobiliaria, una aseguradora, una entidad de tasación...

Es el resquicio legal que ha encontrado la banca para saltarse la reforma del artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil introducida por el citado Real Decreto-ley, que permite al ejecutante de la hipoteca quedarse con el bien subastado por el 50% más un céntimo, siempre que mejore la oferta de otro aspirante. Un aspirante que en estos casos en realidad es el mismo banco bajo otra personalidad jurídica.

Por eso, FACUA reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy que proteja los intereses de las familias desahuciadas introduciendo, entre otras medidas, un cambio en la norma aprobada el año pasado para que el valor mínimo por el que se adjudiquen los bancos las viviendas sea el mismo haya o no ofertas en las subastas.

Valor que, además, debería ser muy superior al 60%, ya que éste deja a los usuarios en una grave situación de inferioridad frente a las entidades financieras. Y es que en muchísimos casos les exigen además que sigan pagando cantidades adicionales más allá de las costas que les haya supuesto la ejecución hipotecaria, argumentando que la cantidad por la que se adjudica la vivienda es muy inferior a la deuda pendiente.

FACUA advierte que la tasa a la enfermedad de la Generalitat discrimina a los ciudadanos y castiga a los más débiles

Los usuarios pagarán en Catalunya un euro por cada receta médica, concepto que podrá suponerles hasta 61 euros al año. 

FACUA-Consumidores en Acción rechaza la tasa por receta médica impuesta por la Generalitat, ya que implica un auténtico gravamen sobre la enfermedad. La asociación considera que esta medida discrimina a los ciudadanos y castiga a los más débiles.

Cada catalán pagará a partir de este sábado un euro por receta médica, con un máximo de 61 euros al año.

FACUA advierte que esta tasa a la enfermedad supone una ruptura de la cohesión del Sistema Sanitario en España y la asunción de unas competencias que no le corresponden al Gobierno catalán, al gravar directamente el precio de los medicamentos a través de la receta y establecer barreras de acceso a la prestación farmacéutica en perjuicio de los usuarios.

La asociación considera que cobrar por receta es injusto e insolidario porque supone barreras de acceso a las prestaciones sanitarias a aquellas personas con más problemas de salud y a colectivos específicos que precisan de una atención más continuada. Supone un auténtico impuesto o gravamen a la enfermedad.

Además, FACUA cree que obligar a los usuarios a pagar un euro por medicamento prescrito mediante receta en Cataluña, supone una quiebra del principio de cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Petición a Ana Mato

El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, solicitó en el mes de diciembre a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que adoptara las disposiciones oportunas y se interpusieran los recursos necesarios para que  paralizara esta medida y no se llevara a cabo.

En este sentido, tanto la Ley 29/2006, de 26 de Julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios como la propia Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recogen que la competencia para establecer el precio y la participación en el pago a satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios es del Gobierno.

Asimismo esta última ley refleja que la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud debe llevarse a cabo en condiciones de igualdad efectiva y calidad en todo el territorio nacional.

"El copago pone en grave peligro la salud de muchos pensionistas", denuncia el portavoz de FACUA

"Están haciendo de banqueros con el sistema prestándole un dinero que tardarán hasta seis meses en recuperar, y sin intereses", critica Rubén Sánchez.

"El copago pone en grave peligro la salud de muchos pensionistas", denuncia el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción,Rubén Sánchez.

Al verse obligados a adelantar el 10% de su importe, "para los pensionistas con menor poder adquisitivo está suponiendo una auténtica barrera al acceso a los medicamentos, buena parte de los cuales no podrán retirar de las farmacias pese a que resulten esenciales para su salud", alerta.

Con el copago, "el Ministerio de Sanidad perjudica gravemente la salud", critica Sánchez, que recalca la "enorme injusticia"que representa la medida.

"Resulta paradójico que en un país donde las entidades financieras han cerrado el grifo del crédito, en la mayoría de comunidades autónomas los pensionistas están siendo obligados a hacer de banqueros prestando al sistema un dinero que tardarán hasta seis meses en recuperar, y sin intereses", critica el portavoz de FACUA.

Y es que muy pocas comunidades han establecido protocolos para que los pensionistas no tengan que pagar cantidades superiores a los topes mensuales establecidas en el Real Decreto-ley que impone el copago.

Para colmo, los pronósticos de la organización se han cumplido y "el copago está resultando un caos en muchas comunidades autónomas", que siguen sin establecer protocolos para que los usuarios reclamen cobros indebidos.

"El Gobierno ha tenido una prisa extrema en implantar la medida y ninguna para informar a los usuarios sobre sus características", señala Sánchez. 

"No sólo no se han colocado todavía carteles en las farmacias y los centros sanitarios públicos donde se informe sobre la medida y cómo debe afectar a cada perfil de usuario, sino que como FACUA pronosticó, se están produciendo multitud de errores", advierte.

Y es que hay muchos casos en los que la conexión de las tarjetas sanitarias de los usuarios con Hacienda para conocer sus niveles de renta falla, pero además, los datos que se utilizan no están actualizados.

Fruto de la "irresponsable improvisación" con la que se ha comenzado a aplicar este "caospago" el 1 de julio, "hay pensionistas a los que se está tratando como si todavía fueran trabajadores en activo, obligándoles a pagar entre el 40 y el 60% del importe de sus fármacos, sin previsiones de devolverles un sólo céntimo salvo que se den cuenta y sus reclamaciones sean atendidas", plantea el portavoz de FACUA.

En qué consiste el copago

Desde el 1 de julio, los pensionistas, uno de los colectivos más vulnerables ante problemas sanitarios, tendrán que hacer frente al 10% del coste de sus medicamentos hasta un tope mensual de 8, 18 o 60 euros según sus niveles de renta.

Los pensionistas cuya renta sea inferior a 18.000 euros abonarán como máximo 8 euros al mes. Para aquellos cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 el límite mensual será de 18 euros y para rentas superiores a 100.000 de 60 euros.

Porcentajes de aportación

Los ciudadanos en activo tendrán que pagar el 40%, el 50% o el 60% del precio de los fármacos. Con carácter general, tendrán que abonar un 60% del precio, los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros.

Abonarán un 50%, las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, y un 40% para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios y no concurran en los casos anteriores.

Los únicos que se verán beneficiados de esta medida son los parados que no reciban subsidio de desempleo, que no tendrán que pagar cuantía alguna. Asimismo, estarán exentos de aportación los perceptores de rentas de integración social, de pensiones no contributivas y los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad laboral, así como los afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa específica.

El recibo de la luz ha subido un 81% en sólo diez años, según un análisis de FACUA

Hoy pagamos una media de 77,68 euros mensuales, frente a los 42,83 de 2002.

El recibo de la luz ha subido un 81,4% en sólo diez años, nada menos que 34,85 euros mensuales, según un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción.

La liberalización eléctrica, iniciada a finales de los 90 e impulsada mediante una directiva europea en 2003, se presentó a los usuarios con el argumento de que provocaría importantes bajadas tarifarias. Una gran mentira que FACUA viene denunciando desde entonces, sin que los sucesivos gobiernos, plegados a los intereses de las eléctricas, hayan aceptado dar participación a las asociaciones de consumidores representativas en las políticas energéticas.

FACUA está desarrollando una campaña sobre las desproporcionadas e injustas subidas de la luz. Con el lema Di a Rajoy que rechazas el tarifazo eléctrico, ha elaborado un manifiesto dirigido al presidente del Gobierno que los usuarios pueden suscribir en la página web FACUA.org/contraeltarifazo.

Dentro de esta campaña, FACUA ha elaborado un vídeo, protagonizado por Alfonso Aragón 'Fofito', Itziar Miranda (Amar en tiempos revueltos) y Roberto Cairo (Cuéntame), que puede verse en FACUA.org y sus canales en Youtube y Vimeo.

34,85 euros más al mes que en 2002

Con la última subida aprobada por el Gobierno, vigente desde el 1 de julio, el usuario medio abonará 77,68 euros al mes (impuestos indirectos incluidos). Esto representa un 4,3% más de lo que pagaba en abril.

En 2002, el usuario medio pagaba 42,83 euros al mes (impuestos incluidos) por el recibo de la luz. En abril de 2007, la cifra ascendía a 48,59 euros. Si en diez años el recibo se ha encarecido en un 81,4%, sólo en los últimos cinco el incremento ha sido del 59,9%.

El recibo de la luz representa hoy 34,85 euros mensuales más que en 2002 (418,20 más al año) y 29,09 euros al mes (349,08 al año) por encima de lo que se pagaba a mediados de 2007.

FACUA critica que el Gobierno de Mariano Rajoy desarrolla una política tarifaria similar a la del Ejecutivo anterior, con subidas desproporcionadas que representan ataques injustificados a la economía de las familias, siguiendo el dictado de las compañías eléctricas.

Además, multitud de familias pueden sufrir otro recorte de derechos, ya que el Gobierno pretende reducir sustancialmente el número de usuarios que puedan acogerse a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR). Así, obligaría a las que superen una determinada potencia contratada a acudir a las ofertas del mercado libre, donde las grandes eléctricas son un oligopolioque no compite en tarifas, generalmente más caras que la TUR.

Las tarifas eléctricas en 2012, 2007 y 2002

Con la nueva subida de julio, un consumidor con 4,4 kW de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kWh (la media en España, según un análisis de FACUA sobre más de 50.000 facturas) pagará al mes 77,68 euros (62,6339688 más impuestos indirectos).

El 1 de julio, el precio del kWh en la modalidad sin discriminación horaria se ha fijado, redondeando a dos decimales, en 18,51 céntimos (14,9198 céntimos más el 24,03% que representan los impuestos sobre la electricidad y IVA). Este concepto, el término de energía, representa el 87% del recibo para el usuario medio.

Por su parte, el término de potencia, que supone el 13% de la factura, está en 2,26 euros (1,824432 más impuestos indirectos) por kW.

En abril de 2007, la tarifa vigente era la publicada en el BOE en enero de ese año. Cada kWh se pagaba a 10,96 céntimos (8,9868 más los impuestos indirectos, que entonces representaban el 21,93%). La tarifa por kW de potencia contratada era de 1,93 euros (1,581887 más ii). Así, el usuario medio pagaba hace cinco años 48,59 euros (39,8519908 más ii).

En 2002, las tarifas eran, redondeando a dos decimales, 9,66 céntimos por kWh consumido (7,9213 más el 21,93% que representaban los impuestos sobre la electricidad y el IVA) y 1,70 euros por kW de potencia contratada (1,394348 más impuestos indirectos). El usuario medio pagaba entonces 42,83 euros (35,1270892 más ii).

Subida del 4,3% con respecto a abril

Las nuevas tarifas representan para el usuario medio una subida del 4,3% con respecto a lo que pagaba hace tres meses. En abril, el recibo estaba en 74,48 euros (60,05 más ii) de media.

Las tarifas fijadas por el Gobierno en para los meses de abril y mayo fueron 17,63 céntimos por kWh consumido (14,2138 más ii) y 2,26 euros por kW (1,824432 más ii).

En junio el precio por kWh subió levemente, pasando a 17,64 céntimos (14,2208 más ii). El recibo medio en junio se situó entonces en 74,51 euros (60,0756288 más ii).

En zonas turísticas FACUA considera una intromisión en las competencias autonómicas la imposición de libertad de horarios comerciales

El Gobierno central pretende ir en contra de pequeños y medianos comerciantes, colectivos sociales y algunos Gobiernos regionales, opuestos a una medida que no se ha demostrado que fomente el empleo.

FACUA-Consumidores en Acción considera que los planes del Gobierno para liberalizar horarios en las zonas turísticas de al menos 14 grandes ciudades supone una imposición y una auténtica intromisión en las competencias de las autonomías.

La asociación se opone así a una medida que ya cuenta con el rechazo de asociaciones de pequeños y medianos comerciantes, sindicatos, organizaciones sociales e incluso algunas comunidades autónomas, colectivos contrarios todos a una medida que no se ha demostrado que fomente el empleo.

Según ha anunciado el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el Gobierno planea modificar la normativa comercial para obligar a al menos a 14 grandes ciudades a delimitar un área con libertad de apertura comercial en domingos y festivos.

Para FACUA, el Ejecutivo central parece defender sólo los intereses de las grandes superficies y centros comerciales partidarios de la libertad horaria, y va claramente en detrimento del pequeño y mediano comerciante que se ha pronunciado en contra de la misma.

Horarios ya flexibles

FACUA recuerda que la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, ya regula los distintos supuestos en los cuales un comercio puede abrir fuera de su horario habitual y reconoce la libertad de horario para comercios de menos de 300 metros.

Para la asociación, existe actualmente un amplio abanico de posibilidades que permite a los comerciantes tener un régimen de horario muy flexible y compatible con las diferentes modalidades de comercio, además de los doce festivos al año estipulados por la normativa.

Con el modelo de liberalización de horarios que planea imponer el Gobierno central, serán los grandes centros comerciales los únicos con capacidad para competir en esta liberalización horaria, lo que a la larga provocará la desaparición del pequeño y mediano comercio en perjuicio del consumidor.

Por ello, FACUA apuesta por un modelo que permita la convivencia de las distintas modalidades de distribución comercial donde el consumidor pueda elegir, y no que se fomente el consumismo como una modalidad más de ocio alejado de criterios de consumo racional y sostenible.

Di a Rajoy que rechazas el tarifazo eléctrico FACUA pone en marcha una campaña para movilizar a los usuarios contra la subida de la luz y la política energética del Gobierno.

FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una campaña para movilizar a los usuarios contra la desproporcionada subida de la luz que ha entrado en vigor el 1 de julio y la política energética del Gobierno, plegada a los intereses de las eléctricas.

Con el lema Di a Rajoy que rechazas el tarifazo eléctrico, FACUA ha elaborado un manifiesto dirigido al presidente del Gobierno que los usuarios pueden suscribir en la página web FACUA.org/contraeltarifazo.

En el marco de esta campaña, FACUA ha elaborado un vídeo, protagonizado por Alfonso Aragón 'Fofito', Itziar Miranda(Amar en tiempos revueltos) y Roberto Cairo (Cuéntame), que puede verse en FACUA.org y sus canales en Youtube y Vimeo.

"Eléctricas que no paran de subirnos las tarifas" (Cairo), "Precios cada vez más altos para conceptos injustificados" (Miranda) y"Compañías que piden cobrar más y más aunque ganan miles de millones cada año" (Fofito) dicen en el vídeo de la campaña, que está difundiéndose en las redes sociales Facebook, Google +, Tuenti y en Twitter con el hashtag #tarifazoelectrico.

"Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción". Es el llamamiento que hacen cada uno de los artistas al final de las respectivas versiones del vídeo.

En el manifiesto de FACUA se expresa el rechazo a una subida "desproporcionada" y a una política energética "contraria a los derechos e intereses de los consumidores y plegada a intereses empresariales", que representa una copia de la llevada a cabo desde los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

El manifiesto insta a Rajoy a "que deje de limitarse a satisfacer las demandas de las compañías y comience a proteger los intereses de los usuarios", continúa la carta al presidente de Gobierno.

"Para ello", prosigue, "es necesaria una profunda revisión de su política energética, en la que debería contar no sólo con la opinión de las empresas del sector, como ha hecho hasta ahora, sino también con la de las asociaciones que representan los intereses de los consumidores".

FACUA recuerda que el Gobierno ha vuelto a aplicar en julio una enorme subida de la luz, después de la que aprobó en abril, pese a que en su discurso de investidura, Rajoy se comprometió a cambiar la política energética para que los usuarios españoles dejasen de pagar una de las tarifas eléctricas más caras de la UE.