El Ministerio argumentó que la legislación obliga al Gobierno al trámite de audiencia de "los interesados" en este asunto, entre ellos las organizaciones de consumidores.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pidió a FACUA el pasado julio su valoración sobre el medicamentazo con el argumento de que la legislación obliga al Gobierno al trámite de audiencia de "los interesados", entre ellos las organizaciones de consumidores.
Precisamente haber opinado sobre temas que afectan a la sanidad pública es uno de los argumentos que ahora esgrime el Ministerio para su ilegalización como organización de consumidores, en lo que su portavoz, Rubén Sánchez, considera "una grave amenaza que va no sólo contra FACUA, sino contra la libertad de expresión y crítica y el derecho de asociación, principios fundamentales de cualquier democracia".
Y es que no sólo no existe ninguna ley que prohíba a una asociación de consumidores actuar en temas relacionados con la sanidad pública -como tampoco en la educación pública, la justicia...-, sino que la legislación obliga a las administraciones públicas a someter cualquier norma que afecte a los usuarios a la valoración de las organizaciones de consumidores -aunque sus opiniones no sean vinculantes-.
"Un derecho que el Ministerio pretende recortar a FACUA ilegalizándonos por ser críticos con las medidas del Gobierno", recuerda su portavoz, Rubén Sánchez.
La carta en la que requería su opinión sobre el medicamentazo fue emitida por el Ministerio de Sanidad el pasado 3 de julio, exactamente un mes antes de que FACUA recibiese, el 3 de agosto, la amenaza de ilegalización lanzada por la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas.
De hecho, es una de las diversas peticiones de valoración sobre cambios normativos que afectan a los usuarios de la sanidad pública enviadas por el Ministerio a FACUA y al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) -uno de los órganos consultivos de los que sería expulsada si se ilegaliza- durante los últimos meses cumpliendo su obligación de dar audiencia al movimiento de consumidores sobre estos temas.
Ahora, el Ministerio ha advertido a FACUA que si no paraliza todas sus acciones, reivindicaciones y campañas contra los recortes en la sanidad y la educación pública y elimina todo rastro de las mismas en su web en el plazo de 15 días hábiles (finaliza el 22 de agosto), será expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, dependiente del Instituto Nacional del Consumo (INC), que preside Farjas.
De no hacerlo, le advierte que perdería la condición de asociación de consumidores y usuarios al ser expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, dependiente del Instituto Nacional del Consumo (INC), que presideFarjas.
Los grupos socialista e izquierda plural piden la comparecencia de la ministra
Los grupos socialista e izquierda plural han solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que dé explicaciones sobre las amenazas a FACUA. IU también ha solicitado el cese de Farjas.
Por su parte, los responsables de protección al consumidor de los gobiernos de Andalucía y Canarias ya han expresado su apoyo a FACUA y exigido una rectificación al Gobierno.
FACUA no para de recibir muestras de solidaridad por parte de los ciudadanos y de organizaciones ciudadanas de España y el extranjero. Las líneas de la asociación y sus organizaciones territoriales han estado colapsadas desde la mañana del lunes, mientras el apoyo no cesa a través de las redes sociales. En Twitter, FACUA y #yosoyfacua han sido trending topic.
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