GREENPEACE EXIGE QUE EL GOBIERNO NO CEDA AL CHANTAJE DE LAS ELÉCTRICAS CON EL CIERRE DE GAROÑA PARA ELUDIR EL PAGO DE IMPUESTOS DE LA LEY SOBRE FISCALIDAD ENERGÉTICA

GREENPEACE EXIGE QUE EL GOBIERNO NO CEDA AL CHANTAJE DE LAS ELÉCTRICAS CON EL CIERRE DE GAROÑA PARA ELUDIR EL PAGO DE IMPUESTOS DE LA LEY SOBRE FISCALIDAD ENERGÉTICA

La organización ecologista considera que la reforma energética no debe ser impuesta por las eléctricas sino consensuada

Greenpeace exige al Gobierno que no ceda al chantaje de Endesa e Iberdrola, compañías propietarias de la central nuclear de Garoña,  para eludir los impuestos que la futura Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética pretende imponer a la producción nuclear, y cuyas enmiendas serán votadas el próximo jueves en el Congreso de los diputados. Nuclenor ha declarado que el cierre adelantado de Garoña obedece a esta razón, y esto incrementaría las actuales pérdidas económicas hasta el punto de llevar a la empresa a la quiebra. 

"No es función del Gobierno velar por los beneficios empresariales de esta industria, perjudicando con ello los intereses generales" ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

Asimismo, Greenpeace denuncia la prepotencia de la compañía al afirmar que el cese definitivo de la explotación, antes del 31 de diciembre, podría revertiese si no se acabase promulgando la Ley. Las facultades en este proceso de cierre, que está en marcha y es definitivo, las tiene el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Esta institución depende del Parlamento, de manera que, según la organización ecologista, esta declaración destapa en toda su crudeza la situación de dominación de estas compañías sobre el mercado eléctrico falsamente liberalizado por ley, sobre el Gobierno de España, y sobre el máximo órgano de representación que es el Parlamento.

La pasada madrugada, la central nuclear de Garoña dejaba de producir electricidad y el suministro eléctrico no ha percibido esta carencia, como se puede observar en la curva de demanda de Red Eléctrica de España. La energía eólica ha cubierto sobradamente esta desconexión; en ese momento la eólica representaba el 44% de la demanda eléctrica. Greenpeace destaca que ha quedado demostrado que esta central es absolutamente prescindible ya que dejó de funcionar y el sistema eléctrico ni se inmutó.

Finalmente la organización ecologista señala que la reforma energética que se necesita debe evitar estos chantajes, para ello es necesario que se termine con el oligopolio del mercado eléctrico y se separe la generación, distribución, y comercialización eléctrica; que las tarifas cubran todos los costes, incluidos los ambientales para dejar de seguir incrementando el déficit de tarifa, que se impidan las compensaciones a las compañías eléctricas, y que el modelo energético que se persiga sea un modelo inteligente, eficiente y 100% renovable. Para todo ello Greenpeace pide participación pública y transparencia.

FACUA inicia una recogida de firmas bajo el lema 'Lucha contra los recortes en el derecho a la justicia'

Campaña protagonizada por Alberto San Juan, Fernando Berlín y Olga Ruiz
FACUA inicia una recogida de firmas bajo el lema 'Lucha contra los recortes en el derecho a la justicia'

Denuncia que la nueva ley de tasas judiciales producirá la indefensión de multitud de ciudadanos, vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución.

FACUA-Consumidores en Acción ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra la nueva ley de tasas judiciales, bajo el lema Lucha contra los recortes en el derecho a la Justicia. Los usuarios pueden sumarse a la iniciativa para reclamar al Gobierno la paralización de la medida en FACUA.org.

La campaña incluye la difusión de un vídeo protagonizado por el actor Alberto San Juan, el periodista Fernando Berlín, socios de la organización, y la jurista y secretaria general de FACUA, Olga Ruiz. En él denuncian que la ley supone "Tasas disparatadas que promueven una justicia sólo para ricos" (Berlín), "Recursos que podrían llegar a costar más del doble de lo reclamado" (San Juan) y "Recortes que llegan a privarnos de nuestro derecho a la Justicia" (Ruiz).

FACUA denuncia que la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, supone la implantación de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos.

La asociación advierte que la ley, que nace con el rechazo de jueces, abogados, fiscales, procuradores, usuarios y todos los grupos parlamentarios de la oposición, producirá la indefensión de multitud de ciudadanos, vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Las tres versiones de la campaña pueden verse en la web de FACUA y sus canales en Youtube y Vimeo. También están difudiéndose en las redes sociales Facebook, Google +, Tuenti y en Twitter con el hashtag #justiciapararicos.

Situaciones aberrantes

Con estas tasas van a darse situaciones tan aberrantes como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o la ejecución de un laudo arbitral para la devolución de una factura telefónica de 80 euros.

Otros ejemplos escandalosos implican el pago de 312,50 euros para reclamar daños y perjuicios en los juzgados por la cancelación de un vuelo por cuantía de 2.500 euros, o abonar 715 euros de tasas para exigir 3.000 euros de intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o hipoteca.

FACUA advierte que resulta indignante que los afectados por fraudes masivos, como el que ha cometido la banca con las participaciones preferentes, vayan a tener ahora una barrera más que superar para poder recuperar su dinero. Así, ir a juicio para pedir la devolución de 20.000 euros en una primera instancia requerirá del pago previo de 400 euros.

De igual manera, una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros podrá quedar impune para aquellos ciudadanos que no puedan pagar los 311,50 que cuesta ahora llevarles ante los tribunales por esa cantidad.

Además, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pilar Farjas, sobre su amenaza con ilegalizar FACUA: "Que sepan que el procedimiento sigue su curso"

La secretaria general de Sanidad y Consumo dice en el Congreso de los Diputados que FACUA se dedica a "armar bronca en los medios de comunicación".

"Que sepan que el procedimiento administrativo sigue su curso". Es la advertencia que ha lanzado este miércoles la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, sobre su amenaza con retirar a FACUA-Consumidores en Acción la condición legal de asociación de consumidores y usuarios por expresar su opinión crítica con los recortes en la educación y la sanidad públicas.

Farjas ha comparecido ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para informar, entre otras cuestiones, "sobre la carta que envió a FACUA, en la que amenaza con ilegalizarla si mantiene su actividad crítica con los recortes", a petición de la diputada socialista Pilar Grande.

La secretaria general de Sanidad y Consumo ha dicho que FACUA se dedica a "armar bronca en los medios de comunicación" y ha insinuado que la asociación no contestó al oficio que recibió el 3 de agosto, donde la emplazaba a que en el plazo de 15 días hábiles paralizase todas sus acciones, reivindicaciones y campañas contra los recortes en la sanidad y la educación pública y eliminase todo rastro de las mismas en su web.

La secretaria general de Sanidad y Consumo ha afirmado en el Congreso que "una carta similar a la que recibió FACUA la recibieron otras asociaciones que directamente contestaron y fueron diligentes en demostrar que respondían a la finalidad que tenían".

"Es lo que uno espera de una asociación, que sea diligente no en buscar, en armar bronca en los medios de comunicación, sino en responder ante la administración y la institución que le protege, que le financia y que tiene la responsabilidad de ayudarles a relizar su tarea, a demostrar que están realizando las actuaciones respecto a la ley que las rige. Eso era de esperar en FACUA", ha dicho.

Pero lo cierto es que además de no ceder al chantaje y mantener sus campañas, FACUA remitió a Farjas, el 21 de agosto, una extensa respuesta advirtiéndole de las irregularidades que había cometido en su oficio y argumentando jurídicamente que las campañas contra los recortes no hacen otra cosa que cumplir el mandato legal que tiene encomendado de "defender los intereses legítimos de los consumidores".

FACUA, que no ha recibido ninguna información sobre el estado del expediente abierto por el Ministerio, sigue exigiendo al Gobierno que rectifique una gravísima amenaza que constituye un atentado contra libertad de expresión sin precedentes en la historia de la democracia.

Vodafone es la compañía de móvil peor valorada por sus clientes, según la última encuesta de FACUA

El 98% de los usuarios considera que las autoridades protegen poco o nada sus derechos frente a los abusos y fraudes del sector.

Vodafone es el operador móvil peor valorado por sus clientes. Es una de las conclusiones de la 6ª Encuesta a los usuarios sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles realizada por FACUA-Consumidores en Acción (ver tabla).

Sólo el 2% de los encuestados cree que las autoridades protegen bien sus derechos ante los abusos y fraudes de las compañías de móviles. Frente al 65% que considera que no los protegen nada y el 34% que opina que lo hacen poco.

FACUA recuerda que se trata del sector más denunciado por los consumidores españoles desde hace más de una década y pese a ello, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas eluden claramente sus obligaciones de controlar el mercado y sancionar las irregularidades de las operadoras.

El 47% de los usuarios encuestados denuncia que su operador les ha cobrado alguna vez un servicio o modalidad tarifaria que no habían contratado.

Nada menos que el 43% de los usuarios afirma haberse quejado de algún problema al servicio de atención al cliente de su compañía en los últimos seis meses.

Más de la mitad de las reclamaciones que plantean los usuarios a su compañía de móvil, el 51%, no recibe una respuesta o solución satisfactoria y en el 27% de los casos, ni siquiera se molestan en contestar.

Casi 7.000 encuestados

6.589 usuarios de toda España han participado en la encuesta, realizada entre el 30 de octubre y el 12 de diciembre.

De ellos, 1.871 son clientes de Movistar, 1.660 de Vodafone, 1.329 de Orange, 764 de Yoigo, 476 de Pepephone, 348 de Simyo y 141 de otros operadores móviles virtuales

Se trata de 5.963 clientes con contratos de pospago y 626 con tarjetas de prepago

Servicios no solicitados

El 47% de los encuestados denuncia que su compañía le ha facturado alguna vez un servicio que no había solicitado.

Una grave irregularidad que se dispara al 66% en los clientes de Vodafone encuestados y al 62% en los de Movistar. En el caso de Orange, dicen haberla sufrido el 32% de los usuarios, mientras que el porcentaje baja al 13% en Yoigo, el 8% en Simyo y el 5% en Pepephone.

Cobro de llamadas no realizadas

El 32% de los usuarios encuestados cree que en alguna ocasión le han cobrado llamadas no realizadas. Un dato preocupante que se agrava por el hecho de que los clientes con tarjetas de prepago no reciben facturas detalladas.

Ese porcentaje de desconfianza en la facturación sube al 46% en los clientes de Vodafone y al 40% en los de Movistar, se sitúa en el 32% en los de Orange y baja al 13% en los de Yoigo, el 8% en Simyo y el 5% en Pepephone.

Bajas

El 43% de los usuarios que han solicitado la baja en una compañía denuncia que ha seguido recibiendo facturas posteriormente. De estos, más de la mitad, el 54%, había enviado un fax, correo postal o electrónico solicitándola y el resto indica que los teleoperadores le habían aceptado la solicitud de baja por teléfono.

Cobertura

El 30% de los encuestados se queja de problemas frecuentes de cobertura. En el caso de Orange, el 46% de los clientes encuestados afirma sufrir estos problemas, mientras que en los Vodafone se sitúa en el 32%, en los de Yoigo en el 31% y en los de Movistar en el 24%.

Publicidad engañosa

El 48% de los usuarios opina que la publicidad de su compañía no es clara ni se ajusta a la realidad.

El porcentaje se eleva al 65% tanto en los clientes de Vodafone como en los de Movistar y al 56% de los de Orange. Sólo el 16% de clientes de Yoigo piensan que su publicidad suele ser engañosa, el 5% de los de Simyo y el 2% de los de Pepephone.

Además, el 37% del total de encuestados denuncia que en alguna ocasión le han aplicado una tarifa o promoción que no se adecuaba a lo prometido en su publicidad.

El porcentaje es mucho mayor en los clientes de Movistar y Vodafone, el 48% en ambos casos. En los de Orange se sitúa en el 40%, en los de Yoigo en el 16%, en los de Simyo en el 7% y en los de Pepephone en el 4%.

Atención al cliente

El 70% valora que la información sobre tarifas que facilitan los teleoperadores no es clara ni correcta. De hecho, al 45% le han aplicado una tarifa o promoción que no se ajustaba a la información que le facilitó el teleoperador cuando la contrató.

Asimismo, el 40% de los encuestados indica que solicitó una tarifa o promoción y cuando recibió la factura no se la habían aplicado.

Reclamaciones

El 43% de los encuestados señala que tuvo que presentar una reclamación en los últimos seis meses. El porcentaje se eleva al 56% en los clientes de Vodafone y al 55% en los de Movistar.

El 51% de los clientes denuncia que la compañía no solucionó el problema, irregularidad o fraude que planteó en su última reclamación. Esta desatención al cliente alcanza el 55% en los de Vodafone y Orange, el 49% en Yoigo, el 48% en Movistar, el 37% en Simyo y el 35% en Pepephone.

Además, el 27% asegura que su reclamación nunca recibió respuesta, porcentaje que sube al 30% en los clientes de Vodafone y Orange.

El 11% de los encuestados indica que la respuesta a su reclamación tardó más de un mes. El 20% señala que tuvo contestación el mismo día que la puso y al 14% se le facilitó en cuarenta y ocho horas.

La legislación obliga a las compañías de telecomunicaciones a facilitar un número o código al usuario que plantee una reclamación para facilitar su futura identificación. El 59% de los usuarios que han formulado una reclamación advierte que los teleoperadores no le facilitaron ese dato.

Un estudio de FACUA revela diferencias de hasta el 213% en las tarifas de los autobuses urbanos de 39 ciudades

Madrid, Girona y Barcelona tienen los precios de los bonos más elevados

Viajar en autobús cuesta una media de 0,73 euros si se utiliza una tarjeta recargable con trasbordo y 1,14 euros, un 56,2% más, con el billete univiaje.

FACUA-Consumidores en Acción ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de treinta y nueve ciudades españolas (ver tablas), entre las que ha detectado diferencias que alcanzan hasta el 212,5% en el billete univiaje.

Según el análisis, viajar en autobús cuesta actualmente una media de 0,73 euros si se utiliza un bonobús o tarjeta recargable con trasbordo (el que ofrecen la mayoría de las ciudades analizadas, en concreto treinta y una) y 1,14 euros, un 56,2% más, con el billete univiaje. Treinta de las treinta y nueve ciudades analizadas han actualizado sus tarifas en los últimos doce meses.

Los bonos o tarjetas recargables más elevados para diez viajes son los de Madrid (18,30 euros con trasbordo, 12,20 euros sin), seguido de Girona (10,10 euros con posibilidad de trasbordo) y Barcelona (9,45 euros con trasbordo).

Frente a ellos los más económicos son los bonos sin trasbordo de Lugo, 4,50 euros, seguido de Arrecife (Lanzarote), 5,00 euros y el bono con trasbordo de Logroño, 5,29 euros.

FACUA demanda a los ayuntamientos que ofrezcan participación a las asociaciones de consumidores en las decisiones que afecten a la calidad y las tarifas del sector. En este sentido, pide la entrada de las organizaciones que representan los intereses de los consumidores en los consejos de administración de las empresas públicas de autobuses.

La Asociación critica que haya ciudades donde no existan bonos, tarjetas monederos o recargables sólo para autobuses de la zona urbana.

Bonobús y tarjeta monedero o recargable

El precio de diez viajes sin trasbordo con bonobús, tarjeta monedero o recargable cuesta una media de 7,20 euros. En los casos de los que incluyen trasbordo, el precio medio es de 7,30 euros.

En el caso del sin trasbordo, sólo seis de las diez ciudades estudiadas también en 2011 que disponen de esta modalidad han modificado sus precios, aumentando sus tarifas una media del 15,8%. En cuanto al con trasbordo, veintidós de las treinta y una ciudades que lo tienen han actualizado sus tarifas, suponiendo un incremento medio del 9,3%.

El mayor incremento del bono sin trasbordo se ha producido en Madrid, un 31,2%, seguido de Palma de Mallorca, un 25%.

Utilizar este bono o tarjeta representa de media un ahorro medio del 36,8% frente al billete univiaje en las modalidades que no permiten trasbordo, y entre el 36% y 68% (en función del número de trasbordos que se realicen) en las que sí ofrecen esta posibilidad.

Diez de las treinta y nueve ciudades encuestadas tienen una modalidad de bonobús, tarjeta monedero o recargable sin trasbordo, treinta y una tienen la modalidad con trasbordo. En cuatro existen las dos modalidades. En Lleida y Tarragona no tienen estas modalidades de billete.

Los bonos o tarjetas recargables más caros son el con trasbordo de Madrid, con un precio de 18,30 euros por diez viajes (nuevo este año y que si no se realizan trasbordos es un 22% más caro que el univiaje, y si se trasborda en diez ocasiones el ahorro es del 39%), seguido del sin trasbordo de Madrid, 12,20 euros, en este caso válido para el metro y autobús. En tercer lugar se encuentra el bono o tarjeta con trasbordo de Girona, con un precio de 10,10 euros para diez viajes.

Los bonos más baratos son el sin trasbordo de Lugo, 4,50 euros, seguido del sin trasbordo de Arrecife (Lanzarote), 5,00 euros, y el con trasbordo de Logroño, 5,29 euros. Le sigue el bono sin trasbordo de Huelva, 5,30 euros.

Las diferencias llegan a alcanzar hasta el 245,9%, entre los 5,29 euros del bono con trasbordo más económico y los 18,30 euros del más caro.

Toledo es la ciudad donde comprar un bonobús o tarjeta representa un ahorro más elevado con respecto al billete univiaje, con un ahorro del 60% si no se hace uso nunca del trasbordo y de hasta el 80% si se utiliza el trasbordo en diez ocasiones. Le sigue Barcelona con un ahorro de entre el 52,8% y el 76,4% dependiendo de si realiza o no trasbordo.

Por el contrario, las empresas de autobuses que premian menos a los usuarios habituales del transporte público son Madrid y Lugo. En la primera, el uso del bonobús con trasbordo frente al billete univiaje si no se realiza ningún trasbordo no representa ningún ahorro, sino que supone un coste de más del 22%. Si se realiza trasbordo en los diez viajes, el ahorro alcanza el 39%. En Lugo, el ahorro sólo alcanza el 1,6% si nunca se trasborda y el 50,8% si se hace en los diez viajes.

Tarjeta mensual

Por último, la tarjeta mensual, existente en veinte de las treinta y nueve ciudades analizadas, cuesta una media de 37,69 euros. Sus precios, que difieren hasta un 151,6%, van desde los 52,20 euros de Madrid, válido para los desplazamientos integrados en todos los medios de transporte, hasta los 20,75 euros de Salamanca.

Dieciséis ciudades han incrementado el importe de su tarjeta mensual, de las diecisiete ciudades que han actualizado los precios incrementándolos una media del 8,8%.

Billete univiaje

El billete univiaje cuesta una media de 1,14 euros y las diferencias entre el precio más alto y el más bajo alcanzan el 212,5%.

De las treinta ciudades que han modificado sus tarifas, la subida media en el billete univiaje ha sido del 12,01% (donde se incluye el incremento del IVA que ha pasado del 8 al 10% a partir del 1 de septiembre de 2012, subida que algunas ciudades no han repercutido).

El mayor incremento se ha producido en Madrid, un 50%., seguida de Toledo, con un incremento del 47,37%, ciudad que no actualizaba sus tarifas desde 2009.

Al ser una modalidad de billete que utilizan normalmente usuarios no habituales, FACUA considera razonable que su precio sea disuasorio, ya que debe primarse a quienes apuestan por el transporte público. La Asociación entiende que estos títulos de viaje deben servir para sufragar el conjunto del sistema, pero entiende que los incrementos deben hacerse progresivamente, y no de manera desproporcionada.

El univiaje con el precio más alto es el de Barcelona, 2,00 euros, seguido de los de Madrid, Palma de Mallorca y Valencia, todos a 1,50 euros.

Por su parte, el univiaje más bajo se encuentra en Lugo, con un importe de 0,64 euros, Linares y Arrecife (Lanzarote), ambas 0,70 euros, y Logroño, 0,72 euros.

Jóvenes, estudiantes, pensionistas, parados...

Treinta y ocho de las treinta y nueve ciudades analizadas tienen tarifas especiales para jubilados y/o pensionistas que cumplan determinados requisitos, los cuáles varían de una ciudad a otra.

La mayor parte de ellas, treinta y seis de las treinta y nueve analizadas, tienen tarifas especiales para jóvenes y estudiantes,  sólo veinticuatro tienen precios bonificados para usuarios discapacitados, trece para desempleados que cumplan determinadas condiciones y sólo once ofrecen tarifas especiales para familias numerosas.

Metodología

El estudio contempla las tarifas de 39 ciudades españolas, donde analiza el coste del billete univiaje, el precio de diez viajes utilizando el bonobús, tarjeta monedero o recargable, tanto de los que admiten trasbordo como de los que no, y la tarjeta mensual. Asimismo, se incluyen las tarifas especiales para jóvenes, estudiantes, familia numerosa, desempleados, discapacitados, pensionistas y jubilados. En el mismo se contempla la subida de las tarifas de autobuses para los consumidores teniendo en cuenta la subida del IVA que ha pasado desde el 1 de septiembre del 8 al 10% y que han repercutido diversas ciudades, mientras otras han asumido dicho incremento.

FACUA desconfía del arbitraje anunciado para las preferentes bajo control de asesores privados

Inaceptable recuperar sólo el 60% de la inversión

La asociación considera una tomadura de pelo conceder al propio sector que dio cabida a estos abusos la potestad de decidir cuándo ha existido mala práxis o no. 

FACUA-Consumidores en Acción desconfía del procedimiento de arbitraje anunciado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para los tenedores de participaciones preferentes en Bankia-BFA.

La asociación se pregunta cuáles serán los criterios para calificar los casos como "más flagrantes", o en los que pueda haber habido"circunstancias personales en las que el consumidor no estaba en condición de entender el producto", tal y como ha explicado el ministro.

Para FACUA, supone una tomadura de pelo que vaya a ser un "asesor privado" quien se encargue de filtrar "en cada entidad" los supuestos que, conforme a los criterios anunciados vagamente por De Guindos, evidencien "una clara mala praxis en la comercialización".

FACUA considera inaceptable que el ministro haya estimado en un 60% "de media" el porcentaje de recuperación de estas inversiones en Bankia, Catalunya Bank y Novogalicia Bank, cuando este tipo de productos jamás debió ser vendido a los consumidores finales, que no tienen culpa de su comercialización fraudulenta.

La CNMV tampoco es de fiar

Al contrario que las voces de la oposición que apuestan por conceder más peso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FACUA tampoco confía en un organismo que permitió la comercialización desenfrenada de estos productos y su comercialización a pequeños ahorradores.

FACUA critica que el Gobierno no haya trasladado ninguna informacion sobre esta fórmula anunciada a las asociaciones de consumidores y representantes de los usuarios, y estima que la presencia de estas organizaciones en los procedimientos es la única garantía de neutralidad e imparcialidad.

FACUA cree que el aval del TC a la atención a inmigrantes en Euskadi deja al Gobierno sin excusas para negarles el derecho a la sanidad

La asociación cree que el auto abre la puerta a que otras comunidades hagan frente a las medidas restrictivas del Ejecutivo de Rajoy desde la normativa autonómica.

FACUA-Consumidores en Acción celebra que el Tribunal Constitucional (TC) haya decretado el levantamiento de la suspensión cautelar de la normativa que permite al Gobierno vasco seguir facilitando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

El Constitucional ha admitido la argumentación del Ejecutivo vasco sobre "la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad", un derecho  que podría "desvirtuarse" por la "mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".

Para FACUA, este auto abre la puerta a que otras comunidades autónomas puedan hacer frente a los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo no sólo en sanidad, sino también en derechos como el de la educación.

La asociación considera que el auto del TC deja al Ejecutivo central sin excusas para retirar las prestaciones sanitarias a los inmigrantes que viven en España en situación irregular por no lograr un contrato de trabajo en un país que se acerca a los seis millones de parados.

FACUA promovió la petición de un recurso de inconstitucionalidad

FACUA inició el pasado marzo una campaña para promover un recurso de inconstitucionalidad contra una inmoral perversión que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos y atenta contra un derecho humano básico reconocido por tratados internacionales, la Constitución Española y en diferentes Estatutos de Autonomía.

A través de la web FACUA.org, los consumidores pueden remitir un manifiesto a todos los miembros de la oposición en el Congreso de los Diputados y el Senado para exigirles recurrir esta norma ante este tribunal.

Los argumentos de FACUA

En el manifiesto, que los consumidores pueden suscribir y remitir a diputados y senadores, se denuncia que "negar la sanidad a los inmigrantes sin legalizar representa un paso más en el rompimiento de nuestro modelo universal de prestación del servicio sanitario que supone discriminar en el acceso a un derecho humano y es el principio de un modelo sanitario excluyente e injusto".

"La salud", continúa el texto, "es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social y por tanto no debería caber discriminación alguna en su prestación. Cualquier persona que se encuentre en territorio español debería tener derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones, tal y como se establece en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública".

El artículo 6 de dicha Ley reconoce que "todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

"La no discriminación y la igualdad de derechos de todas las personas", continúa, "son principios de nuestra Constitución vulnerados por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para -según lo ha denominado el Gobierno- garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones".

La valoración del Tribunal Constitucional

El Ejecutivo vasco defendía, asimismo, que la falta de atención gratuita a este colectivo, además de repercutir "en su estado de salud individual", repercutiría en "la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad".

Por su parte, la Abogacía del Estado basaba su argumentación en los perjuicios económicos y en la necesidad de control del déficit público. Sin embargo, el TC recuerda que no se concretan cuáles son esos perjuicios económicos, "seguramente porque ello no sea posible, entre otras razones, al poder darse la eventualidad de que se produzca sencillamente una transferencia de gasto de la atención primaria a la atención de urgencias".

FACUA advierte de la ilegalidad del modelo de tarifas eléctricas que pretende implantar Industria

En 1997, logró que el TSJA anulase uno similar aprobado por la Junta de Andalucía a una suministradora de agua

Penalizar el precio de toda la energía consumida en función de que se superen distintos tramos vulneraría los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.

FACUA-Consumidores en Acción advierte de la ilegalidad del modelo de tarifas eléctricas que pretende implantar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ya que penalizar el precio de toda la energía consumida en función de que se superen distintos tramos vulneraría los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.

Hace quince años, FACUA logró que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulase un sistema tarifario similar aprobado por la Junta a la suministradora de agua sevillana Alfarafesa. La compañía presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que no lo admitió a trámite.

Así, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, fechada el 15 de septiembre de 1997, estimó un recurso de FACUA contra una orden de tarifas promulgada dos años atrás por la Consejería de Economía y Hacienda con la que había permitido a la suministradora aplicar un recargo de 19 pesetas (11,4 céntimos de euro) a todo el agua consumida si los usuarios superaban los 20 metros cúbicos mensuales.

El TSJA falló que "sólo el exceso de consumo (...) puede ser tarifado a mayor precio ya que es el exceso el único elemento diferenciador entre un usuario y otro" y al penalizar todo el consumo por sobrepasar una cantidad estaba "vulnerándose el principio de igualdad y discriminando con una tarifa superior al usuario".

La sentencia también señaló que con el citado modelo "se quiebra el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución) puesto que hasta el momento final de la cuantificación del consumo y consiguiente facturación no se sabrá por el usuario consumidor cuál será el precio a que tendrá que pagar todo lo consumido desde el principio".

Subida encubierta de la luz

FACUA advierte que el objetivo real de la propuesta de orden que quiere aprobar Industria no es penalizar consumos excesivos mediante tarifas progresivas, sino que la inmensa mayoría de usuarios asuman encarecimientos en el precio de la energía consumida.

La asociación advierte que el Ministerio ha diseñado ochenta y cuatro modalidades tarifarias, frente a las dos que tiene la actual TUR -con y sin discriminación horaria-, para encarecer de forma encubierta el consumo de luz hasta un 7,4% a partir del próximo enero.

Así, a la nueva subida de tarifas que previsiblemente entrará en vigor en enero se sumaría un segundo incremento, que pretende presentarse disfrazado de medidas para incentivar el ahorro energético y con el que el ministro José Manuel Soria sembrará el caos entre los usuarios para beneficiar una vez más a las eléctricas.

La idea del Ministerio, que FACUA le reclama que no lleve adelante, es que la tarifa vigente en cada momento -ya sea la Tarifa de Último Recurso fijada por el Gobierno o las contratadas en mercado libre- sufra distintos encarecimientos en el precio de cada kWh si los usuarios van superando hasta cinco niveles de consumo.

Los tramos serán además distintos en función de la potencia contratada y de si el usuario tiene la TUR con o sin discriminación horaria. En total, la tarifa fijada por el Gobierno tendrá nada menos que ochenta y cuatro modalidades, advierte FACUA.

Penalizará a usuarios con un consumo muy reducido

Pero más allá del disparate tarifario, la asociación denuncia que Industria pretende penalizar a usuarios con un consumo muy reducido de electricidad. Para los que tienen la potencia contratada más baja, 3,3 kW, el encarecimiento ya se producirá con sólo consumir 190 kWh mensuales -73 kWh si tienen la TUR con discriminación horaria-.

Ni siquiera los tramos de consumo con las penalizaciones más altas responden necesariamente a perfiles de usuarios despilfarradores, al no tener en cuenta el número de personas que residen en la vivienda, la zona del país o la época del año.

Según un análisis realizado por FACUA sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas, el consumo medio en España es de 366 kWh mensuales.

Tomando como referencia el precio del kWh vigente en la actualidad -TUR sin discriminación horaria-, 14,9198 céntimos más impuestos indirectos, las penalizaciones lo elevarían a entre 15,0578 y 16,0238 céntimos, lo que representa subidas que oscilan entre un 0,9 y un 7,4%.

El Congreso convalida con los votos de PP y UPyD el 'decreto trampa' sobre los desahucios

El Congreso convalida con los votos de PP y UPyD el 'decreto trampa' sobre los desahucios

FACUA denuncia que la mano del poder financiero está claramente detrás de un real decreto ley cuyo contenido es claramente discriminatorio y con visos de inconstitucionalidad.

El Congreso de los Diputados convalida esta mañana con los votos de PP y UPyD el decreto trampa al que podrán acogerse un ínfimo porcentaje de familias en riesgo de desahucio para paralizarlo durante dos años y sin que la banca tenga que renegociar el pago ni las condiciones de las hipotecas.

FACUA-Consumidores en Acción lamenta la insensibilidad manifiesta con este drama social por parte el Gobierno. La mano del poder financiero está claramente detrás de un real decreto ley cuyo contenido es claramente discriminatorio y con visos de inconstitucionalidad.

Nueve días después de que el ministro de Economía asegurase que 600.000 familias podrían paralizar sus desahucios durante dos años, De Guindos ha dado hoy una nueva cifra, 120.000, y una vez más sin argumentar cómo ha realizado el cálculo.

Con cientos de miles de familias desahuciadas desde el inicio de la crisis y un número creciente de suicidios, el Gobierno sigue sin mostrar la más mínima intención de emprender medidas a la altura de esta tragedia social, denuncia FACUA.

FACUA advierte que el Ejecutivo no quiere hacer nada que perjudique los intereses de los banqueros, ni tan siquiera para poner freno a las prácticas fraudulentas que han cometido con buena parte de las hipotecas, como la abusiva cláusula suelo.

La asociación lamenta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esté cerrado al diálogo con las organizaciones que representan los intereses de los usuarios para poner en marcha medidas que realmente solucionen el problema.

En la web, FACUA.org/desahuciados, la asociación ha puesto a disposición de los ciudadanos amenazados de desahucio una aplicación web que calcula si cumplen los arbitrarios requisitos establecidos por el Gobierno para paralizarlo durante dos años.

FACUA recomienda a los afectados que, aunque no cumplan los requisitos establecidos en dicha norma, soliciten por escrito al juzgado correspondiente la paralización de su desahucio, para lo que pueden utilizar el escrito que pone a su disposición el Consejo General de la Abogacía Española (http://ow.ly/foRyk).

El Real Decreto-Ley sobre los desahucios

El Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios sólo incluye la paralización de los desahucios, durante los próximos dos años, para familias con una sola vivienda que:

- Tengan una carga hipotecaria que se haya multiplicado por al menos un 1,5% en los últimos cuatro años.

- Su cuota de la hipoteca supere el 50% de los ingresos netos.

- Y además sus ingresos no sobrepasen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente representa 1.597 euros brutos mensuales (19.164 anuales), debiendo además cumplir alguno de estos siete requisitos:

1. Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo.

2. Familias numerosas (tres o más hijos).

3. Familias monoparentales con al menos dos hijos a su cargo.

4. Familias que tengan a su cargo un menor de tres años.

5. Familias que tengan a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral.

6. Familias que tengan a su cargo a personas que sean parientes del titular de la hipoteca o su cónyuge hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.

7. Estar en algunos supuestos de violencia de género.

Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 739 euros

Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 739 euros

Las autoescuelas de A Coruña y Jaén tienen los precios medios más bajos. Los más caros son los de Bilbao y Barcelona.

Prepararse para lograr el carné de conducir a la primera con veinte prácticas cuesta en España una media de 739,38 euros, según el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que ha detectado diferencias de precios de hasta el 180,7% (765,35 euros) entre la autoescuela más cara y la más barata (ver tablas).

El precio medio de las 112 autoescuelas encuestadas en doce ciudades es un 10,1% más económico que el año pasado, cuando el coste era de 822,71 euros.

Si se comparan precios entre las autoescuelas de una misma ciudad, los usuarios pueden encontrar diferencias que van desde el 11,7% de Murcia hasta el 76,1% de Cádiz (entre 103,35 y 419,20 euros).

A Coruña es, por sexto año consecutivo, la ciudad más económica de las analizadas para obtener el permiso, con un importe medio de 526,43 euros, seguida por Jaén (528,07 euros). Las más caras son Bilbao, donde supone una media de 1.085,61 euros seguida de Barcelona (981,16).

Las diferencias entre la ciudad con el precio medio más caro y el más barato alcanzan los 559,18 euros, nada menos que un 106,2%. 

Alumno A

El estudio revela que prepararse para aprobar el permiso de conducir B cuesta 739,38 euros de media. Para ello, se toma como supuesto a un usuario (alumno A) que recibe un mes de clases teóricas, da veinte clases prácticas y aprueba a la primera, tanto el examen teórico como el práctico, sin que necesite renovar su expediente, lo que le da derecho a tres convocatorias.

De las 112 autoescuelas que han ofrecido sus precios por teléfono, la más barata para el alumno A se encuentra en Jaén, donde el coste que le supone la formación para sacarse el carné es de 423,60 euros. El precio más alto se ha encontrado en una de las autoescuelas de Bilbao, 1.188,95 euros. La diferencia entre ambos centros alcanza los 765,35 euros (un 180,7%).

Alumno B

El informe contempla un segundo supuesto. Se trata del usuario (al que llamaremos alumno B) que recibe un mes de clases teóricas, aprueba a la primera y, sin embargo, suspende en dos ocasiones el examen práctico, aprobando éste a la tercera. Ello supone dar quince clases prácticas más que el alumno A, lo que hace un total de treinta y cinco. Y además, dado que ha agotado las convocatorias iniciales, se ve obligado a renovar expediente, lo que encarece aún más el precio.

Para este alumno B, el precio medio que le supone prepararse para lograr el permiso de conducir sería de 1.366,34 euros para las doce ciudades analizadas este año. Esto supone 626,96 euros más (un 84,8%) más que si aprobase a la primera.

Para este alumno, la ciudad más barata es A Coruña, con un precio medio de 967,90 euros, frente a los 1.846,32 euros que debería abonar en Bilbao. La diferencia llega a ser de 878,42 euros (un 90,76%).

La autoescuela más económica para el alumno B es una de las encuestadas en A Coruña, donde en una de las encuestadas tendría que pagar 871,50 euros para obtener el permiso. Por el contrario, en Bilbao está el centro más caro de todos los encuestados, donde el coste sería de 2.007,05 euros, un 130,3% más (más del doble, con una diferencia de 1.135,55 euros).

En 2012 el coste medio para un alumno B ha descendido un 6,5%, pasando de los 1.462,10 euros que costaba en 2011 a los 1.366,34 euros que cuesta este año.

Consejos antes de contratar

FACUA aconseja a quienes estén pensando en obtener el carnet de conducir B comparar los precios en varias autoescuelas utilizando siempre el mismo criterio, esto es, incluyendo tanto la formación teórica, el material de estudio y el mismo número de clases prácticas. 

FACUA recomienda a los usuarios que pregunten expresamente si los precios que facilitan llevan incluido el IVA así como las tasas de Tráfico y gastos de gestión. Igualmente para conocer los importes es necesario saber el tiempo de duración de las clases prácticas incluidas en los paquetes de ofertas, que en algunos casos es distinta al tiempo de las clases de conducción que se contratan aparte. En algunas autoescuelas se impone el dar dos clases de circulación seguidas.

Si bien muchas de las autoescuelas no obligan a dar un mínimo de clases prácticas o de circulación, hay otras donde la oferta incluye varias de estas, independientemente de que sean necesarias o no para el alumno.

FACUA también recomienda consultar el coste de la renovación de expediente en caso de agotar las oportunidades dadas por tráfico, pues el precio de las tasas y los gastos de gestión pueden varias considerablemente de una autoescuela a otra.

Asimismo, buena parte de las autoescuelas cobran un importe por cada examen teórico o práctico que se realice, independientemente del precio por tasa de tráfico, cuantías a tener en cuenta a la hora de comparar diferentes autoescuelas. 

Buena parte de los centros encuestados son poco claros al informar e incluso hay ciudades donde la mayoría de las empresas se niega a dar información por teléfono, algo que dificulta mucho la comparación de precios para el usuario. 

Así, de las 187 autoescuelas con las que FACUA ha contactado, sólo 112 han facilitado sus precios vía telefónica.

25,11 euros de media por una práctica de 45 minutos

La duración más frecuente de las clases prácticas es de cuarenta y cinco minutos. Así lo refleja el informe, ya que este intervalo es el que ofrecen la mayoría de las autoescuelas, aunque también pueden oscilar entre los 40 y 90 minutos.

La media nacional se sitúa en 25,11 euros por cuarenta y cinco minutos al volante en las doce ciudades analizadas, aunque se registran puntas de 12,95 euros de media en A Coruña y de 31,73 euros en Bilbao. Entre una y otra existe una diferencia de 18,78 euros, el 145% por una clase de características muy similares.

La media de las clases prácticas de 45 minutos es prácticamente la misma que en 2011. El año pasado era de 25,28 euros en las doce ciudades encuestadas.

Los cuarenta y cinco minutos más económicos de prácticas se cobran en una de las autoescuelas de A Coruña, 11,50 euros, y los más caros en una de Barcelona, 35,70 euros (el 210,4%, más del triple).

Algunas ofertan lotes o bonos como forma de descuento, en los que suelen incluir el precio de la matrícula y un número aparejado de prácticas, pero en algunos casos estas clases de circulación tienen una duración diferente a las clases prácticas que se adquieren de forma independiente. 

Se trata de una forma de abaratar el precio final, siempre y cuando se sea consciente de si se van a necesitarse todas las clases que ofrecen o, por el contrario, se podrían dar menos, ya que esta opción obliga al alumno a contratar un número de clases por adelantado antes de empezar a recibirlas y que siempre es recomendable consultar si existe la posibilidad de devolución del importe de las clases no consumidas si durante el transcurso se decide no recibir más.

También hay autoescuelas que cobran la asistencia del profesor al examen al precio de una clase práctica o fijan una tarifa especial para la clase de examen.

Clases teóricas

La forma de cobrar la formación teórica varía mucho entre las autoescuelas encuestadas. La gran mayoría la incluyen en el precio de la matrícula, aunque algunas la cobran por meses, otras dan un precio para un plazo concreto y otras tienen un precio global para todo el tiempo que se necesite. Algunas autoescuelas disponen de cursos intensivos, que pueden mantener o variar el precio, así como de formación teórica online, que puede ser complementaria o una modalidad distinta y por tanto con precios diferentes. En cada ciudad analizada se suele seguir la misma configuración para esta forma de pago.

FACUA recomienda consultar si durante el tiempo de apertura de la autoescuela para realizar test se dispone de un profesor para resolver dudas, o por el contrario la consulta está limitada a unas horas concretas. 

Tasas de Tráfico

Las autoescuelas son centros donde preparan al alumno para los exámenes que Tráfico les realiza. Por ellos, les cobra 87,60 euros exentos de IVA, tasa que da derecho a repetir uno de los dos exámenes (tres convocatorias). El alumno paga a la autoescuela esta cantidad de dinero y ella se la da íntegra a Tráfico. Sin embargo, un porcentaje de las autoescuelas analizadas incrementa el precio real de las tasas aprovechando el desconocimiento del usuario o bien a este le añade un importe por gestión.

Material didáctico

Las autoescuelas facilitan los libros y tests que se necesitan para preparar el examen teórico, incluyendo en algunos casos una clave para acceder a una página web en la que poder practicar con test de exámenes reales.

En la mayoría de los casos el precio de los libros va incluido en la matrícula, sin que especifiquen cuánto cobran por ello, pero hay casos en los que su coste sí está claramente diferenciado, aunque algunas autoescuelas ofrecen el servicio de préstamo.

12 ciudades

Las doce ciudades en las que FACUA ha realizado la encuesta son A Coruña, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Jaén, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia.

FACUA cree que la tragedia del Madrid Arena puede repetirse por la falta de controles sobre macrofiestas

El Ayuntamiento de Madrid era responsable de controlar el acceso al Madrid Arena
FACUA cree que la tragedia del Madrid Arena puede repetirse por la falta de controles sobre macrofiestas

La asociación espera que se depuren responsabilidades civiles, penales y políticas.

FACUA-Consumidores en Acción cree que tragedias como la ocurrida en el Madrid Arena pueden repetirse como consecuencia de la falta de controles sobre el aforo de las macrofiestas por parte de administraciones autonómicas y locales que eluden sus responsabilidades.

Año tras año, FACUA viene reivindicando a las administraciones que visiten los locales donde se celebran grandes eventos que congregan a jóvenes, como los tradicionales cotillones o el fenómeno creciente de las fiestas que tienen lugar en Halloween.

Lamentablemente, la tónica dominante es que ningún inspector de la administración ni agente de la autoridad acuda a este tipo de eventos para evaluar si se respeta el aforo máximo autorizado o el mero hecho de si los locales cuentan con la correspondiente licencia para celebrar la actividad en cuestión.

La tragedia del Madrid Arena

Las cuatro adolescentes que perdieron la vida por la avalancha de la fiesta de Halloween del Madrid Arena, organizada por la empresa Diviertt, son la triste prueba de que no puede confiarse a ciegas en que todos los empresarios cumplen la legislación en materia de seguridad.

FACUA señala que si la falta de inspecciones por parte del Ayuntamiento de Madrid sobre el aforo que alcanzó el Madrid Arena y los protocolos de seguridad de Diviertt ya representa una grave irresponsabilidad, ésta es mucho mayor al tratarse de un recinto de propiedad municipal al estar obligado legalmente a controlar el acceso al mismo.

La asociación recuerda que el Decreto 163/2008, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas en la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 3 que "los titulares de los establecimientos y locales o de las respectivas licencias, y los organizadores de los espectáculos públicos y actividades recreativas serán responsables solidarios del desarrollo de actividad de control de acceso a aquellos".

FACUA espera que se depuren responsabilidades civiles, penales y políticas

FACUA espera que se depuren todas las responsabilidades civiles, penales y políticas derivadas de las muertes en el Madrid Arena.

Asimismo, la asociación advierte que el hecho de haber superado el aforo máximo autorizado, una de las cuestiones que están siendo investigadas, daría derecho a los usuarios a recuperar la totalidad o una parte del dinero que abonaron. En este sentido, les insta a que presenten las pertinentes reclamaciones a la empresa Diviertt y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid.

Diferencias de hasta el 146% en el precio de la ITV de un turismo según la comunidad autónoma

En motores diésel, de los 25,67 euros de Extremadura a los 63,23 de la Comunidad Valenciana. 

FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo (ver tabla) sobre las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas, importes cuya diferencia alcanza el 146% en turismos de motor diésel y hasta el 247% en motocicletas y ciclomotores.

El último estudio anual de FACUA sobre las ITV revela que el precio de las inspecciones oscila desde los 25,67 euros que cobran en Extremadura por un turismo diesel o gasolina, hasta los 63,23 euros que cuesta en la Comunidad Valenciana pasar la revisión a un vehículo con motor diesel.

La subida media que se ha producido con respecto al año 2011 es del 3,89% (se contempla la subida de las tarifas de la ITV para los consumidores teniendo en cuenta la subida del IVA).  

A estas tarifas, que establecen las propias comunidades autónomas, hay que sumar la tasa de tráfico fijada por el Ministerio del Interior en 3,60 euros, que se mantiene igual que en 2011.

Subida del IVA

En este año 2012, a partir del 1 de septiembre, las comunidades autónomas que aplican el IVA a sus tarifas, las han modificado para adaptar el incremento del 18% al 21% vigente desde esa fecha.

Esto ha motivado un ligero encarecimiento de las tarifas, ya que, si bien varias comunidades habían mantenido el importe de otros años (Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Melilla y Navarra), éste se ha visto incrementado por la subida del IVA.

Tasa de tráfico

La tasa de tráfico por anotación de resultado de la ITV en el registro de la Jefatura Central de Tráfico, fijada por el Gobierno, ha subido de 2,20 euros en 2004 (año en que FACUA comenzó a realizar el estudio comparativo de las ITV) hasta los 3,60 euros que se cobran en 2012. Este incremento supone un 63,6%, mientras que el IPC de enero de 2004 a enero de 2012 es de un 23%.

Las mayores subidas de este año

FACUA recuerda que en España conviven distintos modelos de gestión; las gestionadas directamente por la administración, de forma indirecta mediante concesión siendo titular la administración así como las liberalizadas donde la gestión y titularidad es privada.

En España estos regímenes hacen que existan distintos precios; tarifas y precios privadas y tasas. Esto motiva que en algunas comunidades autónomas se aplique IVA y en otras no; que en unas exista un mayor control, pues las tasas se someten a aprobación pública, mientras que en otras la liberalización del sector como es el caso de Madrid les permite modificar en cualquier momento sus tarifas sin existir un precio mínimo ni uno máximo.  

Las mayores subidas de precio de la ITV para turismos de hasta ocho plazas se han producido en la ciudad autónoma de Ceuta, con una subida media del 9,0%, pues al incremento de las tarifas se une la subida del IPSI de seis puntos. A esta ciudad autónoma le sigue la isla de Menorca, de las Islas Baleares, y País Vasco con un incremento del 5,7%.

En las ITV de motocicletas, Aragón ha aplicado subidas del 26,9% (que justifican por la necesidad de adquirir nuevos equipamientos específicos para adaptarse a la nueva normativa y que en su momento no se actualizaron las tarifas) y la ciudad autónoma de Ceuta del 9,0%.

FACUA continúa reclamando que antes de aprobar las nuevas tarifas a aplicar por las estaciones de ITV, éstas realicen estudios para conocer las necesidades en los próximos años e incrementar las tarifas de manera progresiva y razonable. Asimismo la asociación critica que ninguna de las empresas de ITV de Madrid les haya facilitado los precios que están aplicando en la actualidad.

De 25,67 a 63,23 euros

La tarifa media de la ITV de los turismos y vehículos de hasta ocho plazas es de 37,91 euros, un 3,9% por encima de los 36,49 euros de 2011.

La Comunidad Valenciana vuelve, un año más, a tener las tarifas más elevadas (63,23 euros para turismos con motor diesel, 48,54 euros para los de gasolina con catalizador y 41,56 euros para turismos de gasolina sin catalizador), seguida nuevamente por Castilla y León (55,72 euros para motores diésel, 46,47 euros para gasolina con catalizador y 37,04 euros sin catalizador), pese a que en ambos casos el incremento sufrido es el únicamente el del aumento del IVA.

Las tarifas más económicas de las diecisiete comunidades autónomas son las de Extremadura y Asturias (25,67 euros y 27,10 euros, respectivamente, en todos los turismos).

Segundas inspecciones

La asociación sigue reclamando la gratuidad de las segundas inspecciones si se realizan dentro de un plazo razonable de tiempo por rechazo de la primera. FACUA resalta la importancia de las ITV para la prevención de accidentes.

En Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Mallorca, Menorca y Navarra sí se cobra la segunda inspección, con precios que suponen distintos descuentos sobre las tarifas de la primera.

En el resto de comunidades autónomas y ciudades autónomas la segunda inspección por rechazo de la primera es gratuita, dentro de determinados plazos. 

Motocicletas y ciclomotores

Las diferencias tarifarias en los vehículos a motor de hasta tres ruedas, motocicletas y ciclomotores, son también enormes, llegando a alcanzar el 247,5%.

La tarifa media de la ITV de estos vehículos es de 20,93 euros, con un incremento este año del 4,7% con respecto a los 19,99 euros que se cobraban en 2010.

Castilla y León se sitúa nuevamente como la comunidad más cara, donde la inspección tiene un coste de 37,04 euros (en este caso para las motocicletas, pues los ciclomotores en esta comunidad tienen un coste de 14,93 euros) con un incremento de apenas 2,6% con respecto a 2011 por el aumento del IVA.

A esta comunidad le siguen Madrid, 31,93 euros, y Galicia, 30,20 euros (para los ciclomotores, esta comunidad establece una tarifa de 19,69 euros). Y ello frente a los 11,78 euros de Murcia (10,66 euros o 12,907 euros, según se trate de estaciones de la Administración o de empresas privadas, respectivamente).