FACUA pide a Rajoy que defienda ante EEUU los derechos de los usuarios españoles de Megaupload

El diputado de IU Alberto Garzón se hace eco de las reivindicaciones de FACUA y de los internautas y registra este miércoles una pregunta sobre el caso en el Congreso.

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle que defienda ante el Gobierno de EEUU los derechos de los usuarios españoles de Megaupload.

Esta reivindicación de FACUA ha sido acogida por el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, que registra este mismo día la siguiente pregunta en el Congreso de los Diputados: "¿Piensa el gobierno tomar las medidas oportunas para, siguiendo lo expresado por las organizaciones de consumidores y de usuarios de Internet, garantizar que el gobierno de EEUU y, más concretamente, el FBI, devuelve los datos privados a sus propietarios originales?".

La asociación también ha planteado el caso al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, después de haber hecho lo propio el pasado lunes ante el ministro de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez.

En sendos correos remitidos al presidente del Gobierno y al líder de la oposición, la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz Legido, les señala que "independientemente de las posibles actividades y usos ilícitos de Megaupload, éste era un repositorio de archivos que millones de usuarios utilizaban para almacenar o compartir archivos privados de manera absolutamente legal".

"Con la actuación del Gobierno estadounidense, los servicios de disco duro virtual o nube prestados Megaupload a millones de usuarios en todo el mundo han quedado suspendidos y los afectados no tienen acceso a sus archivos privados", indica Ruiz.

Por ello, la secretaria general de FACUA ha pedido a Mariano Rajoy y a José Antonio Alonso que Gobierno y oposición emprendan "actuaciones ante el Gobierno de EEUU para que adopte las medidas necesarias que garanticen la recuperación de los archivos privados de los usuarios españoles clientes de Megaupload, esto es, las imágenes, vídeos, documentos de texto y otros de quienes utilizaban el servicio como repositorio de archivos o disco duro virtual".

FACUA aclara que con su posicionamiento ante este caso no pretende defender ni los intereses de Megaupload ni los de las multinacionales de la industria cultural, sino derechos fundamentales de los ciudadanos.

La asociación recuerda que el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada" y "su correspondencia", entre otros, algo que también recoge el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Las eléctricas aplican penalizaciones ilegales tras sustituir los contadores a usuarios que no tenían limitadores de potencia

Siguen 'multando' con hasta 31 euros mensuales argumentando que la ley las obliga pese a que los nuevos contadores digitales ya llevan incorporados los ICP.

FACUA-Consumidores en Acción alerta que las eléctricas están aplicando ilegalmente multas de hasta 31 euros mensuales a usuarios que no han instalado limitadores de potencia tras sustituirles los contadores.

Las compañías cobran las penalizaciones con el argumento de que una Orden de 2008 del Ministerio de Industria las obliga a hacerlo, obviando que los nuevos contadores digitales ya llevan incorporado el interruptor de control de potencia (ICP).

Tras denunciar estas prácticas ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el organismo regulador ha emitido un informe en el que advierte que "en el caso de suministros sin ICP a los que se les esté cobrando una penalización por ausencia del mismo, según lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden ITC/1857/2008, dicha penalización debería dejar de aplicarse en el momento en que se instale el nuevo equipo de medida, independientemente de cuando se active la función de control de potencia". Y es que las compañías no han accionado el limitador que incorporan los nuevos contadores.

Dureza contra el usuario y no contra las compañías

FACUA llama a los usuarios afectados a que reclamen a las eléctricas la devolución de las penalizaciones que hayan seguido facturándoles desde el momento en que les instalaron los nuevos contadores.

En el informe emitido a instancia de FACUA, la CNE indica que las eléctricas "deberían proceder a reembolsar al cliente la cantidad correspondiente a dicho recargo, desde la fecha de instalación del nuevo equipo de medida".

La dureza con la que el Gobierno anterior facultó a las eléctricas para que actuasen contra los usuarios que no instalen los ICP (multas mensuales si tras dos avisos no lo hacen) no existió ante el incumplimiento de las compañías del plan de sustitución de contadores.

FACUA denunció a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico (HC) y E.On en enero de 2011 por no haber sustituido el 30% del parque de contadores (unos seis millones), una obligación impuesta en la primera fase del plan de sustitución, que finalizó en diciembre del año anterior.

Hasta la fecha, la asociación no ha recibido respuesta de Industria por su denuncia ni ha trascendido ninguna multa a las eléctricas.

También cobran dos veces por el ICP

Junto al cobro ilegal de las penalizaciones a los usuarios que ya cuentan con los ICP incorporados en los nuevos contadores, las eléctricas también están facturando dos veces por el limitador de potencia a quienes sí lo tenían y ahora cuentan con los equipos de medida digitales.

Y es que les aplican la tarifa por el alquiler de los nuevos contadores, un 50% más cara que la de los antiguos, y siguen cobrándoles la del alquiler del ICP antiguo.

Una práctica sobre la que la CNE también ha determinado su ilegalidad y ha planteado que "debería reintegrarse (...) las cantidades correspondientes al alquiler del ICP" cobradas desde la instalación del nuevo equipo de medida.

La CNE recuerda que ya señaló en un informe de 2009 que "la implantación de los nuevos equipos de medida debía conllevar la desinstalación del ICP colocado en el domicilio del cliente, ya que el nuevo contador incluye la función de control de potencia demandada mediante un elemento de corte".

La tarifa por el alquiler de los contadores digitales, 81 céntimos mensuales antes de impuestos, es un 50% más elevada que los 54 céntimos de los antiguos. Y ello pese a que con los nuevos equipos las eléctricas no necesitan enviar a sus operarios a los domicilios de los clientes para realizar las lecturas.

FACUA ha instado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y E.On a que devuelvan las cantidades facturadas irregularmente a sus clientes. De no hacerlo, la asociación presentará las pertinentes denuncias contra el sector ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas.

La Fundación FACUA lanza sus propuestas para una salida solidaria de la crisis económica

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   Un texto elaborado por miembros de su Patronato analiza los orígenes, causas, consecuencias y actuaciones de los diversos organismos en el devenir del contexto financiero actual.
   
   

   La Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible ha analizado los orígenes, causas, consecuencias y actuaciones de los diversos organismos, así como de algunos gobiernos en España y los países de nuestro entono, en el devenir de una crisis económica que ya arrastramos desde hace años.

   El texto, titulado La Fundación FACUA ante la crisis económica. Una salida solidaria del caos financiero desde el punto de vista del consumidor(descargar en .pdf), se centra en el aspecto económico-financiero, pero incide en la idea de que esta crisis no es sólo económica, sino también política, cultural y de valores.

   Además de hacer un repaso a la situación actual, el informe ofrece las propuestas de la Fundación para salir solidariamente de ese caos económico-financiero que tiene su origen en las actuaciones de muy pocos, pero que afecta al conjunto de la sociedad.

FACUA valora que el Gobierno acabe con la facturación mensual de la luz, que vulneraba la legislación

La asociación había denunciado a las eléctricas porque la metodología de facturación aprobada por el Gobierno anterior implicaba el cobro por adelantado de consumos no realizados.

FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la decisión del Gobierno de acabar, después de las reiteradas reivindicaciones y denuncias de las organizaciones de consumidores, con el sistema de facturacion mensual de la electricidad.

FACUA denunció a las eléctricas el pasado abril ante las autoridades de protección al consumidor autonómicas porque la metodología de facturación aprobada por el Gobierno anterior implicaba el cobro por adelantado de consumos no realizados en los recibos con lecturas estimadas.

El Gobierno pone punto y final a un método de facturación, vigente desde septiembre de 2008, que ha provocado una enorme confusión entre los usuarios e incluso llegó a ser utilizado por las eléctricas a comienzos de 2009 para facturar energía consumida en meses anteriores a un precio más caro vigente con posterioridad.

Ahora, FACUA considera que el Gobierno debe abrir un debate con el sector eléctrico y las asociaciones de consumidores representativas para estudiar si en el futuro puede volverse a la facturación mensual cuando las compañías realicen las lecturas de consumo cada mes, utilizando la tecnología de los nuevos contadores digitales que les permite revisarlos a distancia.

En este sentido, la asociación recuerda que en enero de 2011 denunció ante el Ministerio de Industria a las compañías eléctricas por haber incumplido la primera fase del plan de sustitución de contadores, que las obligaba a haber instalado contadores digitales al 30% de los usuarios en diciembre de 2010.

Hasta la fecha, Industria no ha comunicado a FACUA sanción alguna al sector eléctrico por estas prácticas.

FACUA advierte que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar sus archivos privados

La protección de la propiedad intelectual no puede llevarse al extremo de crear un Estado policial del copyright en el que los usuarios se encuentren sometidos a un Gran Hermano que pisotee derechos tan básicos como la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones.

FACUA-Consumidores en Acción advierte que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar los archivos privados almacenados en sus servidores, por lo que el Gobierno estadounidense debe ponerlos a su disposición.

Por ello, FACUA pide al Gobierno de España que actúe en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles y reclame al Gobierno de EEUU que adopte las medidas necesarias para garantizar la recuperación de sus archivos privados.

FACUA aclara que con su posicionamiento ante este caso no pretende defender ni los intereses de Megaupload ni los de las multinacionales de la industria cultural, sino derechos fundamentales de los ciudadanos.

La asociación recuerda que independientemente de las posibles actividades y usos ilícitos de Megaupload, éste era un repositorio de archivos que millones de usuarios utilizaban para almacenar o compartir archivos privados de manera absolutamente legal.

En los servidores de Megaupload están las imágenes, vídeos y documentos de millones de personas que los utilizaban como disco duro virtual.

Un Gran Hermano que pisotee derechos de los ciudadanos

FACUA considera que la protección de los derechos de propiedad intelectual no puede llevarse al extremo de crear un Estado policial del copyright en el que los usuarios se encuentren sometidos a un Gran Hermano que pisotee derechos tan básicos como la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones.

La asociación recuerda que el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada" y "su correspondencia", entre otros, algo que también recoge el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Las eléctricas hinchan ilegalmente el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida

Tras la denuncia de FACUA, la CNE resuelve que no pueden seguir cobrando el alquiler de los limitadores de potencia a los usuarios que ya cuenten con contadores digitales.

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a las compañías eléctricas que devuelvan a los usuarios las cantidades que vienen cobrándoles ilegalmente al hinchar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida.

Los consumidores que ya cuentan con contadores digitales continúan pagando en cada recibo el alquiler de los interruptores de control de potencia (ICP). Lo hacen pese a que los nuevos contadores instalados por las eléctricas, con una tarifa de alquiler mucho más cara que los antiguos, ya llevan incorporados sus propios limitadores de potencia.

Tras una denuncia presentada por FACUA el pasado abril, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha resuelto en un informe fechado el 24 de noviembre de 2011 que "en aquellos casos en los que las empresas distribuidoras han facturado simultáneamente a sus clientes el alquiler del ICP y el del nuevo equipo de medida, debería reintegrarse a los mismos las cantidades correspondientes al alquiler del ICP".

La CNE recuerda que ya señaló en un informe de 2009 que "la implantación de los nuevos equipos de medida debía conllevar la desinstalación del ICP colocado en el domicilio del cliente, ya que el nuevo contador incluye la función de control de potencia demandada mediante un elemento de corte".

La tarifa por el alquiler de los contadores digitales, 81 céntimos mensuales antes de impuestos, es un 50% más elevada que los 54 céntimos de los antiguos. Y ello pese a que con los nuevos equipos las eléctricas no necesitan enviar a sus operarios a los domicilios de los clientes para realizar las lecturas.

No satisfechas con esta descomunal e injustificada subida de la que se están viendo beneficiadas, las compañías hinchan el alquiler de los equipos en 3 céntimos mensuales añadiendo la tarifa correspondiente a los limitadores de potencia, que ya no son necesarios al estar incorporados en los nuevos contadores.

FACUA ha instado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y E.On a que devuelvan las cantidades facturadas irregularmente a sus clientes. De no hacerlo, la asociación presentará las pertinentes denuncias contra el sector ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas.

La asociación argumenta que las eléctricas incurren en cláusulas abusivas, prohibidas por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El artículo 87.6 de dicha norma define como abusivas las estipulaciones que impongan "el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente".

Asimismo, el artículo 41.1.d del Real Decreto Legislativo plantea como infracción "el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidaders mínimas, o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales".

FACUA denuncia a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo por sabotear sus terminales para que no puedan usarse con la competencia

Considera que incurren en una cláusula abusiva y competencia desleal. Llama a los usuarios a que reclamen a las compañías la liberación de sus móviles.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo ante las autoridades de Consumo y Competencia por sabotear los terminales que comercializan para que sólo puedan utilizarse con ellas.

FACUA que logró en 2007 la eliminación de los redondeos al alza en la facturación de las llamadas tras una batalla de más de tres años que culminó con la introducción de la facturación por segundos. Ahora, pone en marcha una campaña para acabar con el #fraudemovil en la venta de terminales y llama a los consumidores a que reclamen a sus compañías que se los liberen.

Las cuatro compañías denunciadas introducen una restricción técnica, un defecto, que limita y restringe las posibilidades de uso del móvil que el consumidor adquiere.

Un terminal del que el usuario es titular y que además abonará de forma diferida a lo largo del periodo de duración del compromiso de permanencia que le obligan a asumir mediante el pago de un consumo mínimo mensual y unas condiciones tarifarias concretas.

FACUA ha remitido sus denuncias a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y autoridades de protección al consumidor autonómicas.

FACUA considera que los derechos y obligaciones que se establecen en los dos contratos vinculados, el de la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles y el de compra del terminal, no son proporcionales y equitativos, lo que implica la vulneración del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El artículo 82 de dicha norma, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, define como cláusulas abusivas, entre otras, las que "causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes", "resulten desproporcionadas en relación con (...) la ejecución del contrato" o "impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas".

FACUA argumenta en sus denuncias que las compañías limitan el uso de bien adquirido por el consumidor y que debería ser puesto a su disposición desde el inicio del contrato con todas sus funcionalidades, sin restricciones técnicas ni limitaciones. Y ello dado que ya se están garantizando con el consumo o cuotas mínimas y con el compromiso de permanencia un beneficio económico y la recuperación en su caso del coste del terminal, con independencia del uso o no del mismo.

Así, la asociación considera que el bloqueo del móvil supone un gravamen añadido al mismo y penaliza a un consumidor que cumple con las obligaciones derivadas del contrato.

Competencia desleal

Asimismo, la práctica comercial denunciada restringe el mercado e impide que el consumidor pueda beneficiarse de las promociones de otros operadores, al incorporar dicha restricción técnica en los aparatos.

De no existir el bloqueo, el consumidor podría, cumpliendo sus obligaciones con el operador con quien contrata la adquisición del terminal vinculado a su vez a un contrato de telefonía móvil, utilizarlo con otro operador, rompiendo con ello el mercado cautivo existente en la actualidad y fomentando la competencia.

Por ello, FACUA considera que Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo incurren en acto o comportamiento desleal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, Ley 3/1991, de 10 de enero.

Riesgo de incendio en automóviles Opel Antara 2011 por posibles fugas de combustible

El vehículo ha sido incluido en la red de alerta del Instituto Nacional del Consumo.

FACUA-Consumidores en Acción informa que Opel ha realizado una llamada a revisión que afecta a vehículos del modelo Antara 2011 por un defecto de fabricación que implica riesgo de incendio.

La empresa ha detectado que el depósito de combustible del vehículo pudiera tener fugas, con el consiguiente peligro de incendio.

General Motors España ha comunicado a las autoridades de Consumo de Aragón, donde tiene su sede social, que ha remitido una comunicación a los propietarios de los vehículos para que los lleven a la red de reparadores autorizados.

El automóvil ha sido incluido, con fecha 10 de enero, en la red de alerta de productos no alimentarios inseguros que coordina el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La página web de Opel en España no ofrece ninguna información sobre el problema. En la información pública de la red de alerta que el INC incluye en su web no se indica el número de vehículos afectados ni sus fechas de fabricación o venta.

FACUA reclama al Gobierno que las asociaciones de consumidores formen parte de las tres redes de alerta de productos inseguros, las de alimentos, fármacos y productos no alimentarios, para que cuenten con la información sobre los artículos peligrosos detectados en el mercado al mismo tiempo que las administraciones públicas y puedan darla a conocer a los usuarios.

El cine ha subido un 36% en los últimos siete años, casi 17 puntos por encima del IPC

El último estudio de FACUA refleja un precio medio en días laborables de 6,52 euros, frente a los 4,80 de 2004. Las capitales más caras son A Coruña, Albacete y Oviedo.

El cine ha subido un 36% en los últimos siete años, casi diecisiete puntos por encima del IPC. Así lo pone de manifiesto el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción al comparar el precio de una entrada de cine en días laborables a finales del último año, una media de 6,52 euros, frente a los 4,80 de 2004. El IPC entre los meses de noviembre de 2004 y 2011 aumentó un 19,4%.

FACUA acaba de analizar los precios de 138 cines en las cincuenta capitales de provincia de España y las dos ciudades autónomas (ver tabla), en el que ha detectado diferencias de hasta el 80%. Los precios, en días laborables, oscilan entre los 4,50 y los 8,10 euros, según el cine.

Una entrada de cine cuesta actualmente una media de 6,52 euros los días laborables, una cifra que aumenta los fines de semana, los días que se consideran con más afluencia de público, cuando el precio alcanza los 6,64 euros, un 1,8% más que en días laborables.

El precio medio de la entrada en día normal está un 2,7% por encima de los 6,35 euros registrados en 2010. En 2009 la media fue de 5,95euros. En 2008, la media fue de 5,75 euros, en 2007 de 5,41 euros, en 2006 de 5,22 euros, en 2005 de 5,05 euros y en 2004 de 4,80 euros.

A Coruña, Albacete y Oviedo, las capitales más caras

Según el estudio de FACUA, A Coruña, Albacete y Oviedo son las capitales más caras, ya que una entrada cuesta 7,50 euros de media en días laborables. Le siguen Alicante y Barcelona, donde hay que abonar 7,35 y 7,32 euros de media, y Madrid con 7,29 euros.

En cuanto a los precios medios más bajos, son los de Melilla (5,00 euros) seguidos de Almería, Granada y Zamora (5,50 euros).

De los 138 cines encuestados por FACUA, un cine de Barcelona, es el que alcanza el precio más alto, 8,10 euros, seguido varios de Barcelona y uno de Madrid todos ellos con un precio de 8,00 euros en la entrada normal.

Los más baratos de los analizados uno de Granada, donde la entrada un día laborable cuesta 4,50 euros, seguido de otro de Melilla con un importe de 5,00 euros junto con otro de Almería, Córdoba y Santander.

Día del espectador

La gran mayoría de los cines ofrecen precios especiales en determinados días de la semana, como el del espectador, u horarios, sesiones matinales y de madrugada que también cuentan con precio reducido.

El día del espectador varía según la ciudad, aunque se aplica el miércoles o el lunes en la gran mayoría de los cines encuestados. La entrada cuesta 5,28 euros de media en los cines que ofrecen esta tarifa reducida (131 cines de los 138 analizados).

El precio medio más caro de los cines que tienen día del espectador se sitúa en Toledo, Pontevedra, Oviedo, Orense y Albacete con 6 euros. Le siguen Alicante 5,95 euros.

La diferencia de precios en este caso alcanza el 117%, desde los 3,00 euros que cobran un cine de Valladolid, hasta los 6,50 que hay que abonar en varios cines de Madrid.

Los precios más económicos de media son Almería, Granada y Melilla con un coste de 4 euros.

Fines de semana y festivos

Sin embargo, frente a esta reducción de precio, en veinte de las cincuenta y dos ciudades analizadas el importe es diferente, en diecinueve de ellas el precio es más caro los fines de semana y festivos, precisamente los de mayor afluencia de público.

6,64 euros es el precio medio estos días. Los cines más caros en fines de semana y festivos son los Barcelona, 7,62 euros, seguido de Tarragona 7,60 euros y Oviedo, Albacete y A Coruña con un coste de 7,50 euros.

Las entradas más económicas los fines de semana y festivos se venden en Melilla (5,00 euros), seguido de Almería y Zamora con un coste de 5,50 euros.

Cines 3D

El estudio comparativo de FACUA contempla también las salas en 3D de España. De los 138 cines encuestados, noventa y dos cines tienen posibilidad de proyectar salas con 3D, el 67%, proyectan películas en tres dimensiones. De las cincuenta y dos ciudades analizadas, sólo tres no cuentan con salas de este tipo.

El precio medio de una película de estas características un día normal es de 8,80 euros, un 35,0% por encima de los 6,52 euros de las películas en 2D.

La media más cara de los cines que tienen 3D se sitúa Barcelona, 10,53 euros, seguido de A Coruña, 10,17 euros y Madrid con un precio de 10,08 euros. Los más baratos están en Zamora 6,50 euros seguido de Cáceres con 6,70 euros y Melilla, Granada, Jaén y Ciudad Real con un coste de 7,00 euros.

En este sentido, Barcelona 10,60 y Madrid 10,50 son las ciudades donde se sitúa el cine más caro, con un precio por entrada en días laborables y el más económico es en Zamora con un coste de 6,50 euros, seguido de uno de Cáceres con un precio de 6,70 euros en días laborables.

Día del espectador, fines de semana y festivos en los cines 3D

En la mayoría de los cines con 3D, el precio de una entrada en días laborables se mantiene los fines de semana y festivos.

Los precios medios más altos son los de Toledo, con 9,00 euros, seguidos de Burgos (8,90) y Madrid y Málaga con un coste de 8,63 euros.

Las películas 3D más baratas en el día del espectador se proyectan Cáceres, Granada y Ciudad Real con un precio de 5,50 euros.

Los precios medios más elevados los fines de semana y festivos para proyecciones 3D se encuentran en Barcelona, 10,65 euros, Burgos, 10,20 euros, A Coruña, 10,17 euros y Madrid, 10,12 euros.

Los precios medios más baratos son los de Zamora con un precio de 6,50 euros, seguido con un importe de 7,00 euros Cáceres, Granada, Ciudad Real, Jaén y Melilla.

Las demandas de FACUA

FACUA denuncia la imposición ilegal que establecen muchos cines de entrar en las salas exclusivamente con bebidas o alimentos adquiridos en el interior de sus recintos, cuyos elevados precios llegan a ser, en el caso de los refrescos, hasta cinco veces más caros que en otros establecimientos.

La asociación recomienda a los usuarios afectados que exijan hojas de reclamaciones para denunciar estas irregularidades, ya que la citada imposición es una cláusula abusiva establecida en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Otra crítica es que numerosos cines no cuentan con un buen aislamiento acústico entre sus salas o con respecto al exterior. Asimismo, una queja frecuente de los consumidores es que las primeras filas de muchos cines están extremadamente cerca de la pantalla, lo que supone tanto incomodidad como la pérdida de calidad en el visionado de la película.

FACUA también pone de manifiesto que en muchos multicines, la falta de operarios suficientes para controlar las proyecciones hace que sean los espectadores quienes tengan que avisar cuando se produce una avería y la película se para, se queda sin sonido o imagen o su calidad es deficiente. Por otro lado, la organización indica que los usuarios también deben exigir que las salas, al igual que los lavabos, se limpien entre cada sesión.

También hay quejas en cuanto a la falta de puntualidad en el comienzo de la película con respecto a la hora indicada en la entrada, debido a la inclusión de una cantidad excesiva de publicidad en ciertas salas.

Asimismo, los espectadores se llevan sorpresas desagradables en ciertos multicines cuyas salas tienen grandes diferencias en el tamaño de las pantallas, exhibiéndose en algunos casos las producciones en auténticas cajas de cerillas. FACUA recomienda a los usuarios que soliciten información antes de comprar la entrada sobre las dimensiones de las pantallas, un dato que los cines deberían exhibir en las taquillas.

Y a todo ello se suma la mala calidad de determinadas películas en 3D que se estrenan en este formato por aprovechar su tirón comercial y aumentar los ingresos en taquilla pero introduciendo los efectos en la fase de posproducción de forma chapucera, para sufrimiento de los espectadores.

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva indemniza con 1.710 euros a una socia de FACUA

La usuaria sufrió una caída al bajar de un autobús de Emtusa por un deterioro en la rampa, lo que le ocasionó diversas heridas y desperfectos materiales.

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (Emtusa) ha indemnizado con 1.710 euros a una socia de FACUA-Consumidores en Acción tras sufrir ésta una caída en un autobús de la compañía como consecuencia de un desperfecto en la rampa del vehículo.

M.R.F., se dirigió junto con su madre, que padecía una discapacidad y tenía que desplazarse en silla de ruedas, a utilizar la línea urbana especial para discapacitados.

Al bajarse del autobús, la rampa que tenía un pequeño desperfecto se inclinó bastante más de lo habitual provocando queMercedes se cayera en el pavimento.

A consecuencia de la caída M.R.F. requirió una sutura de siete puntos en uno de sus dedos de la mano, además de un cuadro clínico de vómitos, mareos y molestias en diversas partes del cuerpo. Igualmente la socia sufrió importantes daños materiales al rompérsele las gafas que utiliza a diaria.

Un par de días más tarde Mercedes se dirigió a la oficina de Emtusa para reclamar por los daños ocasionados. La empresa de transportes le facilitó un número de póliza de accidente y le indicó la clínica en la que debía realizarse la revisión tras el accidente.

Tras el dictamen médico la aseguradora contactó con M.R.F. para informarle que la póliza únicamente cubría 90 días de curaciones y que, además, en ningún caso se hacían responsables del desperfecto ocasionado en sus gafas.

Ante esta situación y al no recibir una respuesta satisfactoria por parte de la empresa de transporte, Mercedes se dirigió a FACUA para que tramitaran su expediente.

La asociación inició una labor de mediación con la compañía de autobuses solicitándole una cobertura más amplia del siniestro, no sólo de la caída sino también por la rotura de las gafas.

Tras las actuaciones de FACUA con Emtusa, la empresa de transportes procedió a indemnizar a M.R.F. con un importe de 1.710 euros por los problemas derivados de la caída.

La asociación advierte que las clínicas que las operaron deben asumir los costes de su retirada y la colocación de nuevas prótesis.

La asociación advierte que las clínicas que las operaron deben asumir los costes de su retirada y la colocación de nuevas prótesis.

FACUA-Consumidores en Acción recomienda a todas las mujeres con implantes mamarios que comprueben el nombre del fabricante por si se trata de la firma francesa Poly Implant Prothèse (PIP), que llegó a ser la tercera del mundo en ventas y utilizó un gel que no cumplía las normas sanitarias y tiene un elevado riesgo de rotura.

En este sentido, FACUA aconseja a las usuarias con implantes de PIP que se los extraigan por el peligro para su salud que implica la posibilidad de que se rompan.

La asociación advierte que las clínicas donde se operaron deben asumir los costes de su retirada y la colocación de nuevas prótesis. La existencia de irregularidades en su fabricación implica la responsabilidad frente a las consumidoras por parte de las empresas que se las vendieron y colocaron.

Así lo establece la regulación sobre las garantías de productos del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En caso de que los implantes fueran colocados a través del sistema público de salud, FACUA llama a las afectadas a que exijan igualmente que se haga cargo de la extracción y los nuevos implantes.

Critica que Sanidad no pida a las afectadas que se las retiren

FACUA realiza la misma recomendación que el Gobierno francés y critica que en España, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no esté lanzando el mismo mensaje a las afectadas.

Hasta ahora, Sanidad se ha limitado a decir que ha encargado una investigación sobre el asunto, aconsejando a las usuarias de estas prótesis que se las revisen, pero sin instarles a su retirada.

La empresa francesa PIP cerró en 2010 después de declararse en suspensión de pagos. Según la información que ha trascendido a los medios de comunicación, la firma usó en el 80% de sus implantes un gel que no cumplía las normas sanitarias para aumentar sus beneficios en hasta un millón de euros al año, ya que le costaba diez veces menos que el autorizado.

Entre otras sustancias, los implantes contenían Silopren y Rhodorsil, sustancias empleadas habitualmente en la industria del caucho, y Baysilone, un aditivo para carburantes que también se usa en la construcción de materiales de navío y en componentes electrónicos.

En Holanda, una empresa compró prótesis a PIP cuando se declaró en bancarrota en 2010 y las comercializó bajo la marca M-implants.

Investigado por la Justicia francesa desde 2010 por presunta estafa, publicidad engañosa y poner en peligro la vida de las usuarias de sus prótesis, el fundador de PIP está en paradero desconocido.

FACUA denuncia a Rastreator.com ante Protección de Datos

Envía un correo a sus clientes advirtiéndoles que si no se niegan, utilizará sus datos para enviarles publicidad de otros productos y servicios.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al comparador de seguros Rastreator.com ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La empresa está enviando un correo electrónico a sus clientes advirtiéndoles que si no se niegan, utilizará sus datos para enviarles publicidad de otros productos y servicios.

Numerosos usuarios de Rastreator.com se han puesto en contacto con FACUA en los últimos días para trasladarle las irregularidades tras haber recibido el correo de la empresa o no haberlo hecho y estar preocupados por un posible uso ilícito de sus datos.

"Si no recibimos notificación alguna por tu parte en el plazo de 1 mes, entenderemos que das tu consentimiento", indica la empresa en su correo.

Prohibido por la Lssice

FACUA advierte que ésta es una práctica prohibida por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Lssice).

En su artículo 21, dicha norma establece que "queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas".

La fórmula utilizada por Rastreator no es el consentimiento expreso del usuario, sino el denominado consentimiento informado, esto es, una comunicación en la que le indica que, si no se niega, recibirá la publicidad.

La citada Ley sólo libra a las empresas del consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales siempre que sean "referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente".

Sin embargo, en el correo electrónico que Rastreator.com esá enviando a sus clientes indica que les remitirá ofertas de un abanico de cerca de una treintena de sectores ajenos al asegurador, añadiendo al final que también lo hará de "cualesquiera otros de interés para ti".

FACUA analiza las subidas que se han dado en 2011 en tarifas reguladas por las administraciones públicas

Critica las muy elevadas subidas aprobadas en diversos sectores y reclama a las administraciones participación en la toma de decisiones.

FACUA-Consumidores en Acción ha efectuado un análisis sobre los cambios que se han producido en 2011 en tarifas reguladas por las administraciones públicas.

Así, ha evaluado la evolución que se ha producido en la electricidad, el gas natural y el gas butano, cuyas tarifas son revisadas cada cuatro meses por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (antes Industria, Turismo y Comercio).

Asimismo, FACUA ha hecho balance de los aumentos que se produjeron en la Inspección Técnica de Vehículos, el suministro de agua, los taxis y los autobuses urbanos, que dependen de ayuntamientos y comunidades autónomas.

La asociación critica las muy elevadas subidas que muchas administraciones han aprobado en diversos sectores y demanda que den una participación real y efectiva a las asociaciones de consumidores en la toma de decisiones sobre la regulación y tarifas en ámbitos como el energético, el suministro de agua y los transportes.

ELECTRICIDAD: Sube un 11,8% para el usuario medio

Durante 2011, las tarifas eléctricas experimentaron subidas en enero y julio que representaron un 11,8% en la factura del usuario medio.

En la actualidad, un consumidor con 4,4 kW de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kWh (la media en España, según un análisis de FACUA sobre más de 50.000 facturas) paga al mes 73,99 euros (59,6542328 más impuestos indirectos). Esta cantidad supone 7,79 euros más que los 66,20 euros (53,3736728 más ii.) que pagaba en el cuarto trimestre de 2010, lo que representa un incremento del 11,8%.

En julio, el precio del kWh en la modalidad sin discriminación horaria se fijó, redondeando a dos decimales, en 17,65 céntimos (14,2319 céntimos más el 24,03% que representan los impuestos sobre la electricidad y IVA). Este concepto, el término de energía, representa el 87% del recibo para el usuario medio.

Por su parte, el término de potencia, que supone el 13% de la factura, está en 2,13 euros (1,719427 más impuestos indirectos) por kW.

GAS BUTANO: La bombona sube un 19,6%

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilogramos subió 2,30 euros durante 2011, un 18,0%.

Partiendo de los 12,79 euros (10,84 euros más ii.) en los que había quedado fijado el precio en octubre de 2010, la bombona de butano subió 2,30 euros (1,95 más ii.) durante el último año hasta situarse en 15,09 euros (12,79 euros más ii.) en octubre del año pasado.

GAS NATURAL: Sube un 15,9% para el usuario medio

En cuanto al gas natural, la Tarifa de Último Recurso para hogares con agua caliente, cocina y calefacción del gas natural (TUR 2) y un consumo de 700 kW experimentó un incremento en 2011 de un 15,9% con las subidas aprobadas por el Gobierno en enero, abril, julio y octubre.

Desde la última revisión de 2010, de octubre, cuando el precio del gas natural TUR 2 para un consumo de 700 kW se situaba en los 43,37 euros mensuales (36,76 euros más ii.), el consumidor pasó a pagar a finales de 2011 6,88 euros más (5,83 más ii.) hasta alcanzar los 50,25 euros (42,59 euros más ii.).

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS: Suben una media del 1,3% para los turismos

Las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) subieron una media del 1,3% para los turismos y el 1,5% para los vehículos a motor de hasta tres ruedas, motocicletas y ciclomotores (más información). Subidas algo por debajo del IPC de 2010, que quedó en el 1,8%.

El estudio efectuado por FACUA puso de manifiesto diferencias de hasta 143% en el importe de la ITV para los turismos y del 247% para vehículos de hasta tres ruedas.

En las inspecciones para los turismos, las mayores subidas se produjeron en Asturias, con un incremento medio del 8,8%, seguida de Navarra, con el 6,6%. En las ITV de motocicletas, Navarra aplicó subidas del 7,9% y Asturias del 4,9%.

La tarifa media para los turismos fue de 36,40 euros. Las más caras fueron los 61,66 euros cobrados en la Comunidad Valencia y los 54,34 de Castilla y León para para las ITV de los turismos diesel.

En cuanto a las motocicletas y ciclomotores, la tarifa media fue de 19,95 euros. Castilla y León volvió a situarse como la comunidad más cara, con un coste de 36,12 euros (en este caso para las motocicletas, pues los ciclomotores en esta comunidad tienen un coste de 14,56 euros), seguida de Madrid, 30,31 euros.

SUMINISTRO DE AGUA: Sube un 1,8% de media

Las tarifas del suministro domiciliario de agua subieron en 2011 una media del 5,6% para viviendas cuyos contadores individuales tienen un calibre de 13 milímetros y del 5,2% para los de 15 mm. Así se desprende de un estudio realizado por FACUA sobre veintiocho ciudades (más información).

El estudio, efectuado tomando como referencia una familia de tres miembros con un consumo mensual de 10 metros cúbicos de agua, puso de manifiesto que en función del municipio las tarifas tienen diferencias de hasta el 428%, lo que supone 409,20 euros (más IVA) al año.

Tomando como referencia un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un contador de 13 mm, las mayor subida se produjo en Gijón, con un incremento de nada menos que el 27,4%, seguida de las de Huelva, 14,4% y Granada, 14,1%.

TAXIS: Subida media del 2,8%

El análisis de FACUA sobre las tarifas de taxis cuarenta y cinco ciudades constató que se produjo un incremento medio del 2,8%, aunque hubo las que las congelaron y la que llegó a aumentar nada menos que un 34% (más información).

Las ciudades que más subieron sus tarifas fueron Logroño, un 34% ya que incorporó tarifas distintas por kilómetro para los recorridos nocturnos, Las Palmas de Gran Canaria, 8,4%, Ciudad Real, 4,8% y Toledo, 4,6%.

El análisis detectó diferencias tarifarias de hasta el 134%, según la ciudad. Las ciudades con las tarifas caras son Tarragona, Toledo y San Sebastián.

AUTOBUSES URBANOS: Las ciudades que revisaron tarifas subieron de media el 5,4% el bono sin trasbordo y el 1,3% el con

El estudio elaborado por FACUA sobre las tarifas de los autobuses urbanos de cuarenta ciudades reveló que en el caso del bono sin trasbordo sólo nueve de las dieciséis que disponen de esta modalidad revisaron sus precios, aumentando sus tarifas una media del 5,4%. En cuanto al con trasbordo, diecisiete de las veintiséis ciudades que lo tienen actualizaron sus tarifas, suponiendo un incremento medio del 1,3%.

En cuanto al billete univiaje, veinticinco de las cuarenta ciudades analizadas actualizaron sus tarifas, aplicando una subida media del 3,6%. Por su parte, la tarjeta mensual aumentó el 4,0% de media en las trece ciudades que revisaron sus tarifas.

Las diferencias tarifarias alcanzaron el 142%, en función del municipio (más información).

La ciudad donde se produjo la mayor subida en el bono fue Oviedo, un 14,3%, seguida de Ciudad Real, un 10,0%.

Los bonos o tarjetas recargables más caros fueron el con trasbordo de Murcia, 10,00 euros por diez viajes (el más caro por séptimo año consecutivo), seguido del sin trasbordo de Madrid, 9,30 euros, y el con trasbordo de Girona, 9,20 euros.

El bonobús o la tarjeta con diez viajes sin trasbordo se situó en un importe medio de 6,55 euros. En los casos de los que incluyen trasbordo, el precio medio fue de 6,61 euros. El billete univiaje costó de media de 1,05 euros y la tarjeta mensual, 34,72 euros.

El Gobierno suprime la Secretaría General y la Dirección General de Consumo del Ministerio de Ana Mato

FACUA muestra su perplejidad ante este gravísimo retroceso y pregunta a Rajoy si la protección de los consumidores no le importa al Gobierno.

FACUA-Consumidores en Acción muestra su perplejidad ante el gravísimo retroceso y la devaluación de la protección de los consumidores que supone la eliminación de la Secretaría General de Política Social y Consumo y la Dirección General de Consumo del organigrama del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

FACUA ha preguntado a Mariano Rajoy los motivos que le han llevado a deshacerse de estos organismos y si la protección de los consumidores no le importa al Gobierno.

La asociación advierte que las importantes carencias en la protección de los consumidores en los últimos gobiernos de Zapatero y Aznar y el creciente índice de abusos y fraudes que sufren los ciudadanos, mayor aún en este periodo de crisis económica, deberían llevar al nuevo Ejecutivo a priorizar estas políticas, que ni siquiera venían contado con su propia Secretaría de Estado.

Pero lejos de aumentar el rango de estas políticas en el organigrama del Ministerio de Ana Mato, competente en la política de Consumo, el BOE del pasado sábado 31 de diciembre recoge la supresión de la Secretaría General de Política Social y Consumo y la Dirección General de Consumo. Por su parte, el destino del Instituto Nacional del Consumo (INC) es hoy una incógnita. Todavía no se sabe si dependerá de Sanidad, de Servicios Sociales o si también será eliminado.

Ante el expediente sancionador de Competencia al oligopolio móvil, FACUA reclama una respuesta a la altura de la gravedad de las irregularidades

Si impiden a los operadores virtuales dar precios más bajos, el Gobierno debe fijar una tarifa regulada como ha hecho Bruselas con las de 'roaming'.

Ante el nuevo expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a Movistar, Vodafone y Orange, FACUA-Consumidores en Acción reclama una respuesta a la altura de la gravedad de las irregularidades.

El oligopolio móvil ha sido expedientado al hallarse "indicios racionales" de un posible abuso de su "posición de dominio" al fijar los precios que cobran por el alquiler de sus redes a los operadores móviles virtuales (OMV).

FACUA advierte que si las grandes compañías impiden a los operadores virtuales dar precios más bajos, el Gobierno debe fijar una tarifa regulada razonable a la que pueda acogerse cualquier usuario como ha hecho Bruselas con las de roaming. Máxime teniendo en cuenta que las tarifas Movistar, Vodafone y Orange se resisten competir realmente en tarifas y éstas están entre las más caras de la Unión Europea.

Y es que según el expediente de Competencia las grandes compañías estarían estableciendo precios que perjudican a los OMV en sus servicios mayoristas de originación y terminación de llamadas de ámbito nacional en sus redes de telefonía móvil, así como en los precios de los servicios minoristas de llamadas móviles, especialmente en el segmento empresarial.

Al aumentar el coste por usar sus servicios de interconexión, gracias a los cuales las llamadas realizadas desde operadores virtuales viajan por las redes de las grandes a los clientes de estas últimas y viceversa, Movistar, Vodafone y Orante presuntamente limitan la capacidad de las OMV de ofrecer tarifas más baratas.

FACUA reclama al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que asuman las graves irregularidades que se producen en el sector de las telecomunicaciones y las elevadas tarifas que existen en el mismo y ponga en marcha un nuevo marco regulatorio que proteja realmente los intereses de los usuarios, junto a medidas de control y sanción sobre las vulneraciones masivas de la legislación vigente.

El expediente, que tiene su origen en una denuncia de British Telecommunications, concluirá en el plazo máximo de dieciocho meses.