La asociación exige a la ministra que actúe contra abusos como los de las participaciones preferentes con un mayor control y la aplicación de sanciones contundentes si no se ofrece una solución a los afectados.
Ante el anuncio de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, de "revisar los procesos de contratación" de productos financieros, FACUA-Consumidores en Acción recuerda que la letra pequeña está ya regulada y le insta a que haga cumplir la ley.
FACUA advierte que la legislación actual ya obliga a las entidades financieras a ofrecer al consumidor información clara, completa y suficiente.
Por ello, la asociación exige a la ministra que actúe contra abusos como éstos con un mayor control y la aplicación de sanciones contundentes, en vez de hacer creer erróneamente que no estaban regulados de forma previa.
Aunque FACUA no niega que la normativa pueda mejorarse, la grave situación en la que se encuentran muchos usuarios que tienen sus ahorros secuestrados no se debe a un déficit de regulación, sino a malas prácticas bancarias contrarias a los derechos de los consumidores como el de información y buena fe en la contratación.
FACUA considera que las declaraciones de la ministra lo único que consiguen es crear una nube de humo para distraer a la opinión pública, en vez de buscar soluciones reales al gran fraude de las participaciones preferentes.
Medio centenar de entidades denunciadas
A día de hoy son ya cincuenta y dos las entidades financieras denunciadas ante la CNMV por la estafa masiva de las participaciones preferentes, los consumidores engañados se cuentan por miles.
Estos usuarios tienen secuestrados sus ahorros al haber invertido en productos de inversión complejos, sin que el banco les advirtiera sobre su alto riesgo y la falta de liquidez.
Debido a este riesgo, las entidades financieras están obligadas a realizar un test de conveniencia a los usuarios para evaluar su conocimiento y experiencia y analizar si el producto es adecuado para ellos.
Sin embargo, FACUA ha comprobado cómo muchas entidades no han cumplido dicha obligación y han ofrecido información incorrecta a clientes con conocimientos sobre inversión mínimos o nulos.
Por ello, FACUA cree que aplicar supuestas soluciones en forma de códigos de buenas prácticas es insuficiente ante los abusos de la banca, y deja en evidencia de forma vergonzosa la benevolencia del Gobierno con estas entidades.
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