jueves, 25 de marzo de 2010

LA ARMH ACUSA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE TENER UN DOBLE RASERO

LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CREE QUE JUZGAR A GARZÓN POR EL INTENTO DE INVESTIGACIÓN DEL FRANQUISMO ES CULPABILIZAR A LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA


DECENAS DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HAN ACUDIDO A LAS FOSAS CUANDO APARECEN RESTOS HUMANOS HAN PREVARICADO

EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL ES INCAPAZ DE GARANTIZAR SUS DERECHOS A CIENTOS DE MILES DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamenta que el proceso contra Garzón avance y que el juez de la Audiencia Nacional vaya a ser juzgado por haber cumplido el deber de cualquier representante de la justicia de investigar los crímenes de la dictadura franquista.

El sistema judicial español lleva prevaricando más de tres décadas porque no ha sido capaz de juzgar ninguno de los miles de asesinatos y violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura franquista. Hay delitos que se siguen cometiendo porque el delito de desaparición forzada vuelve a ocurrir cada día que pasa sin que se conozca el paradero del detenido ilegalmente.

Si el juez Baltasar Garzón se sienta en el banquillo se estarán sentando con él miles de hombres y mujeres que llevan décadas a esperando a la justicia y que no han podido todavía ejercer sus derechos. Mientras los violadores de derechos humanos se mueren disfrutando de privilegios como la impunidad los familiares de los desaparecidos no han podido tener ni el más mínimo acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La ARMH prepara un informe que entregará al Consejo General del Poder Judicial en el que se aportarán las denuncias presentadas cuando han aparecido restos humanos en las fosas comunes. Y lo hará con el fin de acreditar que numerosos jueces han prevaricado al incumplir su deber de personarse en aquel lugar en el que aparecen restos humanos con signos de violencia, como dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con ello la asociación pretende demostrar que se están aplicando a la inversa las leyes que obligan a investigar las desapariciones forzadas. Se está consintiendo el incumplimiento de las leyes por parte de jueces y persiguiendo a quien cumple con los deberes de investigar los crímenes más graves de nuestro país.

Esa inoperancia del sistema judicial español hace que los familiares de los desaparecidos y las desaparecidas sigan muriendo en nuestro país sin tener la más minima posibilidad de ejercer sus derechos en una sociedad en la que el Gobierno se dedica a entregar certificados de víctimas pero no les garantiza su derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño que han padecido.

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